Este domingo entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral, normativa promulgada en el mandato de Michelle Bachelet.
Con la normativa se obliga a los organismos del Estado a reservar un 1% de sus plazas de trabajo a personas con algún grado de discapacidad.
En el caso de las empresas privadas, corre la misma regla solamente si tienen más de 100 trabajadores.
Las empresas tendrán plazo de dos años para la inserción de personas en situación de discapacidad.
Asimismo, ya no se podrá pagar menos a quienes tengan discapacidad debido a que se eliminó el polémico artículo que permitía remunerar con menos dinero a quienes tuvieran discapacidad cognitiva.
Actualmente existen más de 7.600 empresas en el sector privado y 158 en el ámbito público. Con la entrada en vigencia de la ley se espera que se liberen 25 mil y 2.500 puestos laborales en cada sector, respectivamente.
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