Un nuevo proyecto de ley fue oficializado para ser discutido en el Congreso Nacional con el fin de establecer un marco regulatorio a las plataformas que realizan servicios de transportes.
El proyecto crea las Empresas de Aplicaciones de Transportes (EAT) y obliga a todas las plataformas tecnológicas, tales como Uber y Cabify a constituirse como compañías de transporte remunerado de pasajeros en Chile.
Esto implica que deberán iniciar actividades en el país y además, hacerse cargo del servicio de transporte que entregan, por ejemplo en caso de accidentes o calidad del servicio. Es decir, no podrán excusarse que solo proveen los servicios tecnológicos.
“Este nuevo proyecto de ley establece una serie de exigencias a las aplicaciones de transportes con el objetivo de generar condiciones de igualdad y competencia justa, en beneficio de todas las personas que usan estos tipos de servicios”, indicó la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.
Asimismo, deberán inscribirse en un registro de aplicaciones que llevará el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT). Si bien es un registro de las empresas, éstas a su vez deberán disponibilizar al MTT la información actualizada de conductores y vehículos adscritos.
Los conductores deberán contar con licencia profesional A1 y no podrán hacerlo quienes cuenten con antecedentes penales por delitos de connotación sociales, como sexuales, tráfico de drogas y manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones o muerte.
Deberán informar al usuario de las tarifas de viaje con anterioridad, la ruta, identificación del conductor y del vehículo, entre otras. Además tendrán que ofrecer un canal de contacto permanente de información y de reclamos, y contratar seguros de responsabilidad civil para los pasajeros.
Se desarrollará un reglamente con los requisitos de los vehículos, que además, deberán portar un distintivo visible.
Adicionalmente, las empresas de aplicaciones deberán entregar al MTT el insumo de sus datos de viajes lo que permitirá generar modificaciones o nuevas políticas públicas para el sector.
Con respecto a las sanciones, irán desde las 10 a 100 UTM, es decir entre $477 mil a $4,7 millones,tanto para las empresas como conductores y la posible cancelación del registro de la aplicación.
Respecto a los taxis, el proyecto establece que fomentará el uso de tecnologías para captar pasajeros y establecer mecanismos de cobro distintos al actual taxímetro.
“Es una realidad que tenemos que hacernos cargo, por eso el proyecto de ley es acorde a que las tecnologías están cambiando la forma de transportarse, por eso era tan necesaria una regulación que se haga cargo de esta nueva realidad y como Ministerio de Transportes, siempre teniendo como foco principal al usuario”, añadió el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Fuentes.
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