Este martes, el Juzgado de Garantía de La Serena se declaró carente de jurisdicción y potestad sobre las denuncias por abuso en contra del exobispo Francisco José Cox.
En la jornada, el tribunal también desestimó la solicitud de la defensa de Cox, quien pedía la nulidad de las acusaciones.
De esta forma, el sistema de justicia antiguo investigará las denuncias de abusos sexuales contra Cox, a cargo del juez Christian Le Cerf Raby, además decretar secreto de sumario
En tanto, los querellantes que representan a los denunciantes Hernán Godoy y Abel Soto, solicitaban que la Fiscalía investigara, sin embargo, el órgano persecutor alegó no tener las facultades para abordar el tema.
La abogada Josefina Gutiérrez, que representa a las víctimas, indicó que “no es lo que nosotros solicitamos pero entendemos perfectamente la situación, efectivamente los hechos son anteriores a la entrada en vigencia y nuestra intención es que se investigue y que se demuestre que los hechos son ciertos y que Hernán tenga la posibilidad de reivindicarse frente a lo que le ocurrió”.
Gutiérrez agregó sobre Cox que “queremos que concurra a declarar como lo tendría que hacer cualquier imputado”.
En la audiencia, el Ministerio Público representado por el Fiscal Regional, Adrián Vega, argumentó que se recibió el testimonio de la víctima del caso, quien refirió que los ilícitos habrían ocurrido entre 1985 y 1986, antes de la vigencia del actual sistema procesal penal, que en la región de Coquimbo funciona desde Diciembre del año 2000.
Además, la Fiscalía verificó los registros de entrada y salida del país sobre la entonces autoridad eclesiástica, quien figura como denunciado y querellado.
El Fiscal Regional, Adrián Vega, dijo que “cuando conocimos la denuncia, determinamos a través de la declaración de la víctima que estos lamentables hechos habrían sido cometidos entre los años 1985 y 1986 y la jurisdicción es penal, criminal, del juez del crimen y actualmente hay un Ministro de Fuero”.
Además, los hechos contenidos en la querella eran similares a los de la denuncia, por lo cual la Fiscalía solicitó la incompetencia del Juzgado de Garantía, que remitió los mismos al Ministro de Fuero correspondiente.
“Más allá del tema legal, lo importante es que se está investigando. Nuestra cultura jurídica es investigar hechos, prescritos o no para determinar la verdad y para determinar responsabilidades penales. Ahora, esa cultura jurídica es del juez del crimen”, dijo finalmente el Fiscal Regional.
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