Polémica por costos de instalación de "medidores inteligentes" de electricidad para clientes

Polémica ha causado el cambio a los nuevos “medidores inteligentes” de electricidad y es que aún no hay claridad respecto a quién asumirá los costos.
Una investigación del medio nacional Ciper india que el costo de la instalación deberá ser asumido por los clientes, lo que generó el rechazo en las redes sociales.
Según Ciper, el 2025 más de seis millones de nuevos “medidores de luz inteligentes” estarían instalados en casas, oficinas y empresas. Un proceso para el cual se estima una inversión de US$1.000 millones, pero que no correrá por cuenta de las firmas distribuidoras, sino que será financiado por los mismos clientes.
La investigación afirma que desde septiembre de 2018 que algunas cuentas de luz ya incluyen el cobro de estos modernos equipos y se estima que el recambio tecnológico provocará una subida en los pagos en un 5%.
De esta forma, las compañías eléctricas podrán reducir el personal. Además la máquina registrará hasta el mínimo consumo, incluso el de aparatos apagados que están enchufados.
Esto forma parte de la Ley 21.076, que se aprobó en enero de 2018, estableció que medidores y empalmes pasarán a ser propiedad de las empresas -las que deberán reponerlos ante cualquier emergencia natural- y que los decretos tarifarios deberán incluir el pago de los usuarios por estas instalaciones como un “arriendo” a perpetuidad.
Sin embargo, el Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, afirmó que no habrá un costo adicional, “los medidores inteligentes no son financiados por los clientes de forma directa”.
Por su parte, la ministra de Energía Susana Jiménez destacó la instalación de medidores inteligentes en 6,5 millones de clientes de suministro eléctrico del país a 2025, ya que tendrán múltiples beneficios para las personas.

Los medidores inteligentes forman parte de los sistemas de medición, monitoreo y control que deberán implementar las empresas distribuidoras, de acuerdo a la Norma Técnica para Sistemas de Distribución, dictada por la Comisión Nacional de Energía en diciembre de 2017.

La nueva normativa fija mayores exigencias en calidad del suministro eléctrico para los clientes, ya que incorpora estándares más exigentes de interrupciones de suministro, que de no cumplirse implican sanciones por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible; exige la implementación de centros de atención de llamados para atender consultas, solicitudes y reclamos y establece la implementación gradual de sistemas de medición inteligente, con el objetivo de llegar al año 2025 a un 100% de cobertura, entre otras obligaciones para las empresas.

“Este nuevo sistema de medición, monitoreo y control tendrá múltiples beneficios para los clientes finales, como saber cuánto consume cada hogar o empresa a cada hora, abriendo espacios para optimizar el gasto y generar ahorros, conocer el consumo histórico, tener mayor precisión de los cobros efectuados, contar con menor plazo de interrupción, entre otros beneficios. Los clientes podrán administrar mejor sus consumos, con más información. También será la puerta para habilitar la medida de su propia generación de energía en caso de aprovechar las ventajas de la generación distribuida”, señaló la ministra de Energía, Susana Jiménez.

La autoridad de Energía destacó que Chile es pionero en América Latina con este moderno sistema de medición, que utilizan Reino Unido, Francia, España, Dinamarca y Holanda.

La Titular de Energía puntualizó que este cambio tecnológico, que incidirá en la calidad del servicio eléctrico, tiene asociado un mayor costo, el cual debe ser considerado en el proceso tarifario, pero no implicará una mayor rentabilidad para las empresas distribuidoras, que está regulada por la Ley General de Servicios Eléctricos.

Para efectos de calcular las tarifas también se considerarán los ahorros producidos por la implementación de este moderno sistema. Todo ahorro que haga la empresa distribuidora gracias a disponer de estos medidores será especialmente reconocido y trasladado a rebaja tarifaria.