Más de $12 mil millones invertirá el Gobierno Regional de Coquimbo para la segunda etapa del Plan de Zonas Rezagadas, según acordó el Consejo Regional (CORE) en su última sesión. De esta manera, se habrán aumentado en más de $1.000 millones los recursos que se aportarán desde la región a través del FNDR.
Posteriormente, se aprobó el reglamento que fija la política nacional sobre Zonas Rezagadas en materia social. Según esto, se realizará una evaluación de los criterios e indicadores establecidos en el reglamento, en la cual se deberá establecer la participación financiera del plan de desarrollo por parte del Gobierno Regional.
Además, el nuevo reglamento establece que el plan será cuatrianual, es decir, abarcará desde el año 2019 al 2022.
“Una vez que salió el reglamento interno, tuvieron que considerarse nuevas observaciones, sobre todo aportes del Gobierno Regional al plan de desarrollo y a su vez, una vez que salió en reglamento, se establece que la política para zonas de rezago dura cuatro años, es decir hasta el año 2022”, explicó el coordinador de Zonas de Rezago de la Región de Coquimbo, Milthon Duarte.
El mismo Duarte también explicó que esto significa que las inversiones sectoriales también deberán aumentar y que el nuevo reglamento permite un mejor seguimiento a través de la evaluación de indicadores y del diagnóstico que se realizó con cada una de las comunas.
La propuesta fue presentada por la intendenta Lucía Pinto al Consejo Regional, el cual la aprobó en forma unánime.
Para el consejero Cristian Rondanelli, vicepresidente de la comisión de Fomento Productivo del CORE, “una de las cosas importantes que busca fortalecer Zonas Rezagadas es la productividad de estas comunas que han sido un poco postergadas, por eso considera capacitación para las personas y posteriormente a todo lo que conlleva esto, como la asociatividad que se puede dar en los diversos rubros, como el pesquero, agrícola, minero o turismo”.
Principales desafíos
El Programa de Gestión Territorial Zonas Rezagadas busca reducir las brechas económicas y sociales en cuatro comunas (Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria y Canela), mediante inversiones públicas y planes focalizados.
En términos de infraestructura, algunos de los desafíos que se plantean a través de este plan son mejorar la conectividad del territorio, potenciar la actividad económica del borde costero, asegurar la conectividad digital y de comunicaciones, aumentar la disponibilidad de agua para el consumo y una mayor cobertura de energía.
En materia de desarrollo productivo, se persigue aumentar la eficiencia hídrica, las condiciones de comercialización y el posicionamiento de las comunas como destino turístico, además de dar valor agregado a la producción, entre otros.
Finalmente, los desafíos en cuanto a capital humano y social son mejorar las competencias de las personas vinculadas a actividades productivas y generar habilidades transversales y sociales (asociatividad, enfoque de género).
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