El uso de pesticidas y su regulación, para quienes deben trabajar directamente en su aplicación, ha sido materia de controversia desde hace décadas. Algunos estudios han vinculado efectos tóxicos variados, desde malformaciones congénitas hasta enfermedades degenerativas. Ello ha derivado en distintas medidas de protección para los trabajadores, pero, actualmente en el país, no existen programas establecidos de monitoreo de los efectos de los plaguicidas en personas que además quedan expuestas ambientalmente.
Como se desconocían los efectos dañinos que pudiera provocar una exposición crónica a bajas dosis y durante tiempos prolongados, las investigadoras Floria Pancetti, Muriel Ramírez y Liliana Zúñiga, académicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, decidieron realizar un estudio que pudiera vincular el desempeño cognitivo con un posible marcador biológico. En este caso, se eligió medir proteínas que están en la sangre (llamadas colinesterasas), cuya actividad se altera en presencia de pesticidas.
“Nos encontramos con que los marcadores biológicos de exposición estaban inhibidos sobre el límite de tolerancia biológica en una alta proporción de trabajadores expuestos, pero también entre personas que no trabajan en la agricultura, pero si viven en áreas agrícolas”, señala Muriel Ramírez, especialista en Salud Pública. En el estudio, también encontraron un deterioro cognitivo en ambos grupos de personas, que se presentó con una disminución en el desempeño de memoria, psicomotricidad y función ejecutiva, durante la época en que se aplican los pesticidas.
Investigación
El estudio fue financiado por FONDEF de CONICYT, entre el 2011 y 2014, con un presupuesto cercano a los 500 millones de pesos. Estos recursos permitieron comprar un laboratorio móvil para las tomas de muestras y evaluaciones en terreno. Además de contratar a un equipo de profesionales (psicóloga, bioquímico, paramédico e investigadoras) que trabajaron en terreno y en el laboratorio con las personas evaluadas. El grupo de investigación fueron voluntarios de entre 18 y 50 años, de ambos sexos y con residencia en La Serena, Coquimbo y La Higuera (grupo de referencia o control), más Vicuña, Paihuano y Monte Patria (grupos expuestos ambiental y ocupacional).
El mandante del Proyecto fue el Instituto de Salud Pública, en cuyos laboratorios se realizó el control de calidad de los análisis de sangre y la investigación contó con el apoyo de las Municipalidades de Paihuano, Monte Patria, La Higuera y Vicuña, así como de la Sociedad Agrícola del Norte y la Secretaría Regional Ministerial de Salud.
“Dadas las características de los test diagnósticos existentes, los pesticidas estudiados fueron carbamatos y organofosforados, que son los que más se usan en nuestro país y que en la región se utilizan mayormente en cultivo de vid y cítricos” señaló Muriel Ramírez.
Salud Pública y pesticidas
A raíz de los resultados del estudio, la investigadora y Candidata a Doctora en Salud Pública Internacional (Holanda), Muriel Ramírez, comentó en detalle la situación actual.
Con los resultados entregados… ¿ha habido alguna reacción en las autoridades o alguna medida pública tomada al respecto?
“Expusimos los resultados en la Mesa Regional de Pesticidas. Se reconoce que la fiscalización es insuficiente y los organismos involucrados han manifestado intenciones de mejorar, aunque conocemos que los recursos son insuficientes. En los últimos años se han realizado muchas actividades de capacitación en terreno por parte de los profesionales y técnicos del SAG, SEREMI de Salud, Inspección del trabajo, Mutuales, ISL y otras entidades, como la Sociedad Agrícola del Norte y AFIPA (Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas), pero es insuficiente… sobre todo para llegar a los pequeños predios, en que las condiciones de educación de los agricultores tampoco acompañan”.
¿Hay algún tipo de estudio o investigación que realizarán posterior al ya entregado?
“De momento, estamos abocadas a sistematizar los resultados para publicarlos en revistas científicas de alto impacto. Ya hay 3 artículos publicados, estando a punto de ser enviados otros dos más, que reportan los resultados en detalle. Hemos intentado postular a fondos concursables, pero no hemos tenido buen resultado. Mi colega, la Dra. Floria Pancetti, está realizando un estudio en ratas probando más en detalle la hipótesis de que la enzima acil péptido hidrolasa estaría involucrada en la génesis del Alzheimer, con un proyecto FONDECYT. Pero aún no hay resultados para reportar”.
¿Es posible que exista alguna predisposición del grupo expuesto a que desarrollen además algún otro tipo de enfermedad con el tiempo?
“En efecto, hay estudios que señalan que la exposición a pesticidas se asocia a mayor riesgo de presentar enfermedad de Parkinson y Alzheimer y que el deterioro cognitivo inicial puede ser detectado con una batería de test neuropsicológicos, que fue lo que utilizamos.
El daño cognitivo es pocas veces percibido por las personas, dado que no interfiere mayormente con sus labores domésticas o de trabajo habituales. A veces pueden considerar normal olvidar ciertas cosas o no coordinar los movimientos finos. El problema se presenta a la larga, porque el efecto es acumulativo. Y, por supuesto, que para los niños es más evidente, porque interfiere con el aprendizaje escolar”.
¿Qué dice la resolución sanitaria del país respecto al uso de pesticidas? ¿acaso no está regulado?
“El uso está regulado, pero el problema es que la fiscalización del uso en terreno es limitada. Es decir, en la práctica, las normativas no se cumplen. Para los trabajadores que manipulan pesticidas existe la normativa de que tienen que estar capacitados (realizar un curso) y certificados y deben usar protección específica (máscara con trompa o filtros y ropa de protección). Ello se cumple sólo en las empresas más grandes, pero no entre agricultores menores (huertos familiares, predios pequeños). Al aplicar deben respetarse ciertas condiciones y normas (periodo de reentrada, periodo de carencia), los trabajadores expuestos (manipulen o no) deben usar elementos de protección personal (EPP); sin embargo, para ciertos puestos de trabajo no son obligatorios.
La fumigación aérea está regulada, pero no siempre se respetan las normas en cuanto a las distancias, los vientos y momento del día. Tampoco se respetan las distancias para la aplicación terrestre (norma de derivadas)”.
¿Qué se puede hacer al respecto?
“En nuestro país existe regulación para los trabajadores expuestos, con normas sobre la protección en el uso de pesticidas y monitoreo biológico de colinesterasas, entre otras medidas. A la luz de nuestros resultados, sería recomendable evaluar el cambio de la normativa, de manera que se considere el límite de tolerancia biológica en 20% de inhibición de la enzima colinesterasa, en lugar del 30% actual. De esta forma se mejora la sensibilidad a eventos agudos.
Obviamente, se requiere fomentar buenas prácticas agrícolas y mejorar la fiscalización de las faenas agrícolas.
Es evidente la necesidad de regular la contaminación ambiental, de manera que se establezcan estándares de buenas prácticas agrícolas que permitan evitar la exposición de las personas que viven alrededor de los predios y que se ven expuestas, sin protección para estos químicos, con riesgo de desarrollar a futuro enfermedades degenerativas. Ello significaría establecer monitoreo biológico para exposición ambiental.
Finalmente, hay que considerar que el uso de pesticidas debiera irse reemplazando a la larga por otro tipo de control de plagas menos tóxico y más amigable con el medio ambiente y con las personas; tal como ocurre en los países desarrollados, en que estos químicos están prohibidos”.
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