Académicos ULS rechazan actos de violencias de manifestantes encapuchados en el recinto

Los campus Andrés Bello e Isabel Bongard de la ULS continúan tomados por un grupo de manifestantes, quienes han agredido a docentes y otros alumnos que querían ingresar a estudiar a la universidad.
Por esta razón, el día lunes se reunió el Consejo Académico de la ULS y entregaron un ultimátum a los manifestantes, exigiendo “la restitución de los espacios universitarios a más tardar este miércoles 5 de junio de 2019. De este modo, el Consejo Académico ejerce y ejercerá su función de cautelar el normal desarrollo de las funciones universitarias, haciendo uso de las facultades que establece la Ley”.
A esto se suma la declaración pública de la Asociación de Académicos Ingenieros y Profesionales Afines, quienes expresaron su malestar por los hechos de violencia realizados por los encapuchados. “La Universidad de La Serena enfrenta un hecho inédito en cuanto a la expresión de la violencia extrema manifestada cuando encapuchados ocuparon el Campus Andrés Bello desalojando a los guardias y arrojaron piedras contra estudiantes, académicos, funcionarios y transeúntes. Los proyectiles fueron de tal tamaño y velocidad que fácilmente pudieron haber causado graves daños físicos e incluso la muerte de alguna persona”.
En el comunicado agregan que “los supuestos temas que motivan la movilización, – tales como Ajuste Curricular Educación Media, Aula Segura, No + AFP, TTP, Pérdida de Gratuidad, Fin al CAE y Control Preventivo de Identidad, son planteamientos que pueden ser muy loables pero que, claramente, están fuera del alcance resolutivo de la Universidad de La Serena”.
Y afirman que la declaración busca rechazar la violencia que gradualmente va aumentando y “que puede llegar a límites y situaciones impredecibles”.

“Como Asociación no encubriremos ni permitiremos que un pequeño grupo, que se ha caracterizado por usar la violencia como vía para llamar la atención e interrumpir la vida universitaria, se apodere de nuestra Universidad, ponga en riesgo a la comunidad y a la propia institución, y genere daños físicos a las instalaciones y equipamientos”.

También apoyan que “los cuerpos colegiados cumplan con su deber de preservar y garantizar el normal funcionamiento de nuestra institución y utilicen los instrumentos que la Ley otorga para restablecer la vida universitaria”.

Finalizan diciendo que “rechazamos enfáticamente la presencia de personas que bajo una capucha que impide determinar si son estudiantes de la universidad-, bloqueando en todo momento la posibilidad de dialogar con la altura de miras que caracteriza el debate universitario. A diferencia de lo que ha sido nuestra historia con innumerables movimientos, esta vez estamos ante personas radicalizadas que, tras las capuchas y las piedras, niegan la posibilidad de llegar a acuerdos”.