Durante una entrevista con “Los Dueños de la Tarde de Mi Radio”, el Seremi del Trabajo Matias Villalobos dio a conocer las cifras correspondientes a las empresas regionales que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo.
Las empresas regionales que optaron por ello representan un 2.5% del total de las empresas a nivel nacional, siendo aproximadamente 1.600 en total. Esto implica además que serían unos 8780 trabajadores que estarían accediendo a los beneficios de esta ley,cuyos ingresos sería pagados con cargo al fondo de cesantía reflejando un 1.70% en el país.
“Son datos muy relevantes, reflejan una realidad que no podemos desconocer que estamos viviendo en nuestro país, que son los efectos negativos que esta emergencia sanitaria está dejando en materia económica y en materia de empleo, esto es en todas la regiones, no discrimina esta pandemia”, señaló el seremi.
En relación a ello, según indicó en marzo del presente en año, en la Dirección del Trabajo de la zona, se recibieron 9018 cartas de aviso de término de relación laboral, casi el doble de las presentadas en marzo de 2019 que fueron alrededor de 5 mil.
Agregando que “lo que esperamos en los próximos meses es no recibir tantas cartas de despidos sino que mas empresas y más trabajadores están acogiéndose a esta Ley de Protección al Empleo, que lo que busca es dar estabilidad laboral, dar seguridad a los trabajadores y en definitiva asegurarles ingresos a través del seguro de cesantía, que no necesariamente se tenga que romper la relación laboral”.
Respecto a un posible mal uso de esta ley en la región, el seremi señaló que “hasta el momento en la región de Coquimbo yo no tengo noticias de que se haya ingresado alguna denuncia por mal uso de la Ley de Protección al Empleo, pero en caso de que se ingrese algún tipo de denuncia se va a estar fiscalizando”.
Las sanciones en este tipo de casos van desde el pago en UTM a beneficio fiscal, como también sanciones penales para el representante legal de la empresa que utilice mal esta ley; “es decir que no se haya visto afectada total o parcialmente por esta emergencia sanitaria y aún así estuviera haciendo uso de esta ley para obtener un beneficio económico, en esos casos puede ser denunciado, va a ser investigado por la Dirección del Trabajo y eventualmente podría llegar a tribunales para aplicar algún tipo de sanción penal”, sentenció.
Esta Ley se puede aplicar por igual en micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, siendo tres las alternativas disponibles: una suspensión por acto de autoridad, como en el caso de pubs, discoteques y lugares similares, que han cerrado por decretos, en los cuales acceden a los beneficios de esta ley por pleno derecho y debiendo el empleador hacer el trámite ante la AFC.
Otra alternativa es un pacto de suspensión del contrato de trabajo y la tercera es un pacto de la reducción de la jornada de trabajo
“Esta ley tiene una vigencia de 6 meses, que es lo que se estima a a durar esta emergencia sanitaria y los efectos económicos de la misma, también podrá tener efecto retroactivo” explicó Villalobos.
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