¿Las últimas horas de Lucía Pinto como Intendenta?

Un complejo momento se encuentra viviendo la Intendenta Lucía Pinto tras la investigación por fraude al fisco por $9.800 millones por la compra de un terreno, por trato directo, sin el control de legalidad de Contraloría.

En un reportaje de Radio Biobío, conocido como “Papaya Gate”, se confirma que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que investigue la comisión del presunto delito de fraude al fisco en la Intendencia de Coquimbo, debido a que la autoridad adquirió un terreno por $9.800 millones, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones.

La decisión se adoptó tras la presentación reservada que realizó el contralor general de la República, quien dio cuenta que la adquisición de tierras por parte del Gobierno Regional (GORE) se realizó sin que el contrato pasara por la “toma de razón”, trámite obligatorio, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son así de elevados.

El documento establece que la compra se resolvió a finales de 2019, mientras que en 2020 tanto este último como otros tres contratos aprobados para la compra, fueron rechazados uno tras otro por el organismo contralor. Las razones se basaron en que la autoridad regional usó la fórmula de trato directo, sin justificar el porqué, e incluso la investigación del Contralor determinó que en el proceso agregaron nuevas tasaciones (4) que duplicaron el valor de los terrenos.

La Contraloría manifestó que la Intendencia “actuó” a sus espaldas al dictar una quinta resolución, “cuyo contrato fue inscrito en una notaría local -a escondidas- para obviar el control de legalidad, según se concluye”, consigna Biobío.

El monto fue pagado íntegramente el pasado 28 de julio a la empresa vendedora, sin que la Unidad de Finanzas del GORE explicara las razones, pese a que le fueron requeridas oficialmente.

Por esta razón se inició un sumario administrativo que complica a Lucía Pinto y, eventualmente a otros funcionarios, por ser la jefa regional y puesto que las notificaciones de rechazo a la compra le eran notificadas a ella.

Ahora comenzará la investigación de Fiscalía por este presunto fraude al fisco, además de ver las responsabilidades administrativas y políticas de la Intendenta Lucía Pinto. Ella habría viajado a la capital nacional para entregar explicaciones o buscar apoyo político.

Comunicado de Contraloría

El ente contralor, a través de una declaración, le señaló al medio nacional que “Aun cuando en cuatro ocasiones, la Contraloría declaró ilegal el trato directo para la compraventa de un terreno destinado a la construcción de un centro deportivo, el Gobierno Regional llevó a cabo la operación con un particular, sin la toma de razón correspondiente”.

Y agregó que “Prescindir del control jurídico de la Contraloría General de la República, cuando hay recursos públicos involucrados por más de 9 mil millones de pesos es de extrema gravedad. Por ese motivo, la Contraloría instruyó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas por este hecho”.

Terreno

El objetivo de adquirir el terreno es para resarcir a la Municipalidad de La Serena, ya que donde se ubicaba Cordep se va a destinar al Hospital de La Serena.

Se estimó que los lotes ofrecidos por un grupo de inmobiliarias le permitiría instalar el nuevo Centro Deportivo San Ramón, por lo que solicitó al Gobierno Regional que la idea fuera incluida como “iniciativa de inversión”, atendida su importancia social.

Un grupo de inmobiliarias dieron a conocer su intención de vender unos lotes por $9.800 millones, sin embargo, los informes de tasación de estos fueron menores al monto que se solicitaba por las empresas, por lo que Contraloría lo rechazó.

No obstante, la Contraloría “tomó conocimiento que el 3 de julio pasado, el GORE y las sociedades vendedoras rescindieron un contrato previamente rechazado, pero el mismo día inscribieron uno nuevo, gracias al cual el 28 de julio, el dinero terminó en la cuenta corriente de las empresas”. Por lo que se realizó el pago sin la toma de razón, generando el inicio de un sumario para establecer las responsabilidades.

Conflictos de interés

A todo lo anterior se suma que al interior del GORE trabajó durante todo 2019 como asesor de proyectos de pre-inversión, Nicolás Bakulic Albertini, quien es hijo de Nicolás Bakulic Gorovic, quien a mediados del año pasado se convirtió en accionista de las inmobiliarias que vendieron los paños por la cifra aludida, sin que la autoridad advirtiera la inhabilidad o conflicto de interés.

Respuesta del GORE Coquimbo

El Gobierno Regional emitió un comunicado para explicar este hecho, la Intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, señaló que “Contraloría puede poner en antecedente cualquier hecho que a su juicio deba ser investigada, pero nosotros tenemos la absoluta certeza y todos los antecedentes, que acreditan que no existe ningún tipo de irregularidad”.

Afirman que se trata de una situación que afecta al proceso de compra de un terreno para construir un nuevo recinto deportivo por más de 9 mil millones de pesos en el sector sur oriente de La Serena, en reemplazo de la Cordep, la que cedió su superficie, para la construcción del futuro nuevo hospital de La Serena. “Y es que la construcción de un nuevo hospital implicaba el uso de un terreno 10 veces más grande que el actual. A principios del 2019 se materializó un acuerdo por el cual el terreno que era ocupado por la Cámara Chilena de la Construcción”.

“Esto se desarrolla en el marco de un trabajo mayor como es el futuro hospital. Cuando se entregó el terreno de la Cordep, la municipalidad se dedicó a la búsqueda de un espacio apropiado para el luego sitio deportivo, ellos evaluaron y realizaron todos los estudios técnicos. Este fue un proceso en el que actuamos diversas instituciones públicas, además del municipio, también estuvo el Consejo Regional, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional del Deporte”, indicó la Intendenta Pinto.

La representación de la Contraloría es la quinta que emite el organismo. En cada una de ellas realiza las mismas observaciones por las cuales el Gobierno Regional respondía con toda la información respectiva.

Al respecto, la máxima autoridad regional enfatizó que “hemos aportado todos los antecedentes concretos y resoluciones apegados al derecho. Tenemos discrepancias jurídicas, pero acá no se ha cometido ninguna irregularidad y para demostrarlo, aportaremos con toda la información que se requiera”.

Adicionalmente, señaló que “este proceso ha sido absolutamente transparente, en el que participaron diversos servicios públicos, con informes, estudios y una serie de antecedentes que avalan la legalidad y transparencia de todo este proceso, sustentado, incluso, con dictámenes de la propia Contraloría”.

Para la Intendenta Pinto, el trato directo acordado para comprar este terreno es la forma más rápida y efectiva de avanzar en la materialización del nuevo hospital, porque, subrayó, no se puede dejar pasar una oportunidad de responder a una demanda histórica de la población.