El Concejo Municipal porteño aprobó un acuerdo político para hacerse cargo, junto a la comunidad, de la península de Totoralillo, si es que se le revoca la concesión a la actual administración, que es lo que busca un grupo de ciudadanos y dirigentes, quienes presentaron antecedentes a la Contraloría, ya que a su juicio son muchas las irregularidades que han sucedido con el correr de los años.
La propuesta fue expuesta en la sesión 148 del cuerpo colegiado llevada a cabo de forma remota este miércoles, ocasión en que el abogado Rodrigo Bravo junto a los dirigentes Andrés Pedrini y Daniela Luna expusieron sus argumentos, señalando que una buena solución sería que la administración de este atractivo turístico estuviera en manos de la Corporación de Deportes Municipal y un grupo de representantes de la comunidad y dirigentes sociales.
Rodrigo Bravo, que hizo la presentación en Contraloría, dijo que es importante cambiar al actual concesionario de la península. “Hemos presentado a la Contraloría General de la República una solicitud de caducidad de la concesión de la península de Totoralillo por graves deficiencias en el uso de esta concesión e incumplimiento grave de las obligaciones allí establecidas. Quiero agradecer al alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira que nos ha recibido con los dirigentes que han impulsado esta medida y esta solicitud a la Contraloría para que se deje sin efecto y aquí la Corporación y la Municipalidad se hagan cargo de la península y se termine con la privatización de las playas, como ha sucedido en este caso”.
El alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, ve con buenos ojos esta idea nacida desde la comunidad. “Hay una concesión que sentimos no le ha hecho bien al sector de Totoralillo y nosotros queremos impulsarlo de forma turística y enfocando el deporte. Por qué no, frente a la solicitud que se está realizando de revocar esa concesión, que sea el municipio el que se haga cargo de la limpieza y todo el contexto amplio de administración, pero hacer un directorio en el cual estén todas las organizaciones comunitarias, las de deportes, turísticas, hoteleras, etcétera, estén todos conversando en una misma mesa donde podamos dirigir la forma de administrar de buena forma el sector, con la comunidad, con la gente”.
Esta idea es reforzada por el dirigente social Andes Pedrini, quien impulsa esta participación del municipio, “nosotros estamos exigiendo la caducidad y la revocación de esta concesión y adicionalmente a eso, proponer, algún proyecto con participación de toda la comunidad, un proyecto donde estén todos involucrados y donde no se deje a nadie afuera. Nosotros no estamos solamente en representación de los deportistas, porque representamos también a toda la comunidad coquimbana, serenense, de la cuarta región y de Chile, ya que este no es un problema menor”.
Mientras que la dirigente deportiva, Daniela Luna, cree que es importante la participación de la comunidad, “estamos haciendo una denuncia ciudadana con la solicitud de fiscalización porque toda la comunidad está consciente de ese espacio, una península, a beneficio de la comunidad. En esta oportunidad se está mal utilizando, no se están cumpliendo los compromisos y la verdad es que nosotros llevamos esta denuncia con el fin de que todos la pudieran disfrutar y exigir que con esta fiscalización se logre la inclusión, un acceso libre, que no se destruya ni se modifique el borde costero”.
En los últimos días, distintas personas y organizaciones realizaron denuncias por el cierre que se estaba realizando en el sector, lo que impedía el libre tránsito de las personas a un sector de la playa.
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