Cumpliendo con los requerimientos formales, se constituyó la nueva comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que estará centrada en indagar en el proceso de adquisición de terrenos a empresas privadas, para la instalación de infraestructura pública, tales como un centro deportivo y un hospital, que fuera objetado por la Contraloría General de la República.
Asimismo, se analizará el rol y actos que en dicha operación desarrollaron los ministerios del Interior, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, así como toda otra autoridad u órgano que haya participado en la operación investigada.
En su sesión constitutiva, el grupo parlamentario eligió al diputado Daniel Núñez (PC) como su presidente y acordó sesionar los días lunes, entre las 12:00 y las 13:30 hrs.
Además, en lo relativo a su agenda de audiencias, se definió invitar, como primeros exponentes, tanto al contralor general de la República como al representante regional de dicha entidad. Igualmente, estarán convocados los representantes de la municipalidad de La Serena, donde se emplazan los cuestionados terrenos .
La presente comisión investigadora fue aprobada el 3 de diciembre por la Sala, tras una presentación de 63 legisladores. Para el cumplimiento de su propósito, la instancia fiscalizadora deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Componen la comisión, además de Daniel Núñez, los diputados RN José Miguel Castro, Sofía Cid y Francisco Eguiguren; independientes Marcelo Díaz, Raúl Soto y Pedro Velásquez; UDI Juan Fuenzalida, Sergio Gahona y Gustavo Sanhueza; PS Raúl Saldívar y Marcelo Schilling; y DC Matías Walker.
En los antecedentes de la solicitud se explica que la Contraloría rechazó en cuatro oportunidades los contratos presentados por la intendencia de Coquimbo para comprar terrenos a un grupo de inmobiliarias y construir allí el Centro Deportivo San Ramón, trato cuyas gestiones se iniciaron en enero de 2019.
Asimismo, se da cuenta de los alcances del negocio realizado por trato directo, lo cual fue observado por la Contraloría, junto con cuestionar el uso del terreno y el sobre precio definido para la compra ($9.800 millones).
Además, el documento expone que uno de los accionistas de las inmobiliarias que vendían el terreno era padre de un asesor de proyectos de preinversión en el gobierno regional y que el dinero de la venta terminó, en julio de 2020, en la cuenta del empresario.
“A raíz del sumario administrativo que afecta a la exintendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto, de parte de la Contraloría, la Fiscalía Nacional instruyó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que indague el delito de fraude al fisco”, se especifica, entre otros datos aportados.
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