Contralor Gral. de la República expuso ilegalidades del caso Papaya Gate en Comisión Investigadora

La comisión investigadora del caso “Papaya Gate” sesionó este lunes 12 de abril con la presencia del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien realizó antes los diputados integrantes, una presentación cronológica, con todos los antecedentes y conclusiones sobre los procesos de adquisición no sólo de los terrenos para el complejo deportivo San Ramón, sino también de la compra realizada por el Gobierno Regional para la construcción del nuevo Hospital de Coquimbo en La Cantera.

Específicamente en el caso denominado Papaya Gate, que es el que la Contraloría decidió llevar al Ministerio Público, se expusieron los valores de las tasaciones de los terrenos adquiridos: las realizadas en enero de 2019 por dos tasadores arrojaron valores de 4.013 y 3.690 millones de pesos, mientras que otras dos efectuadas en febrero 2020 fueron por 8.010 y 9.180 millones de pesos. Sin embargo, un factor relevante y que destacó el Contralor General es que se desconoce quién encargó y pagó las tasaciones, ya que no constan egresos en el GORE ni en la Municipalidad de La Serena por dicho concepto.

También se destacó en su informe que el precio final pagado corresponde a casi exactamente al presentado por las inmobiliarias en su carta de intención de Enero de 2019.

Entre las causas de representación, es decir que las que objetan el procedimiento de compra se mencionaron: No se acompañan los antecedentes que justifican la decisión de recurrir al trato directo para la adquisición del inmueble, no se advierten los fundamentos utilizados para determinar el precio pactado, no se advierte justificación de que el terreno deba emplazarse en el área de influencia determinada y resulta infundado el precio establecido en el contrato.

Otros antecedentes sobre la ilegalidad de este proceso son que: No existió consulta previa a órganos públicos sobre disponibilidad de terrenos para el emplazamiento del Centro Deportivo, ni se efectúo una licitación pública.

Ante las sucesivas objeciones de la Contraloría Regional a las resoluciones que autorizaban el trato directo y que aprobaban el contrato de compra venta suscrito por el GORE, se confirma que se decide suscribir un nuevo contrato que permitió pagar al vendedor, sin dar cumplimiento al trámite de toma de razón. Destacándose que la sanción prevista para el funcionario público que no diere cumplimiento al trámite de toma de razón, es la pérdida del empleo. (art. 17 del DFL N° 7912, de 1927).

Reacciones políticas

El diputado DC Matías Walker, señaló que “fue muy útil contar con la presentación del Contralor General para conocer los detalles de cómo se hizo esta fiscalización de la Contraloría, lo que dice relación con las distintas tasaciones y cómo subieron en tan poco tiempo de 4 mil millones a 9 mil millones, que fue el precio final de la compra venta, creo que ha sido muy útil el trabajo de la contraloría y a partir de ahí vamos a seguir desarrollando nuestro trabajo a fin de determinar las responsabilidades políticas, porque las penales las va a determinar la justicia y las administrativas la Contraloría conforme al sumario que están realizando”.

Por su parte Francisco Eguiguren (RN) manifestó que “lo que esperamos de esta comisión investigadora es que sea capaz de establecer toda la verdad, que logremos determinar si las cosas se hicieron en línea con lo que dispone nuestra legislación, que no hubo un enriquecimiento indebido de nadie. Esta es la única manera que tenemos de no condenar a nadie en forma injusta, sin tener todos los antecedentes sobre la mesa, por eso espero que  quienes invitemos a participar de esta comisión vayan, que quienes tengan alguna información la hagan presente”.