Aún espera respuesta: Diputado solicitó hace un mes información a la Corporación GGV por deudas a profesores

El pasado 9 de marzo, la Comisión de Educación Cámara de Diputados, despachó un oficio dirigido al Secretario General de la Corporación Municipal de Educación de La Serena, en el que se solicita información con relación a las denuncias de irregularidades en el pago de cotizaciones previsionales de profesores, administrativos y asistentes de la educación. Este requerimiento solicita informar acerca de la cantidad de trabajadores afectados, la deuda que se arrastra por concepto de cotizaciones previsionales descontadas y no pagadas, y las medidas para subsanar la situación por la que atraviesa la Corporación Gabriel González Videla (GGV).

El Diputado Regional Juan Manuel Fuenzalida (UDI) integrante de esta comisión, explicó que “efectivamente hace un mes ya, solicité a través de la comisión de educación se informara la situación del pago de las cotizaciones, toda vez que muchos profesores jubilados y activos me habían señalado esa situación irregular, por eso en mi calidad de diputado y en mi rol fiscalizador pedí a través de la comisión de educación de la cual soy parte, se me informara”.

El parlamentario agrega que “lamentablemente a más de un mes no se ha respondido, no sé qué ocultan, espero que sean transparentes y nos manden la información porque muchas personas que hoy día prestan sus servicios en la Corporación Municipal ven con temor su futuro, justamente porque se encuentran con imposiciones declaradas y no pagadas, eso me parece grave, hay alcaldes que incluso estuvieron presos por esta situación y sin embargo aquí no vemos mayor reacción y por eso estamos esperando la respuesta para adoptar las medidas necesarias que se requieran más delante, porque esto no puede seguir así”.

Posibles acciones legales

Sobre la posibilidad real que tienen los docentes afectados de entablar acciones legales, consultamos al  abogado laboral Luis Herrera, quien explica que “si no se pagan las cotizaciones previsionales, habiendo hecho el descuento de parte del empleador de las remuneraciones, se generan 2 aristas en paralelo: una que es netamente laboral, que es el incumplimiento laboral en que incurre el empleador de no completar las cotizaciones previsionales, en ese punto, el trabajador puede recurrir directamente a tribunales para demandar o dar aviso a las instituciones recaudadoras para que ellos lo hagan, sea AFP, Isapre o sistema de salud que tenga”.

La segunda arista, explica: “es lo que se llama apropiación indebida, porque si el empleador sacó fondos o plata y en vez de pagar se quedó con esa plata, ¿para qué? no sabemos, entonces ahí existe un delito”

Explica que efectivamente el Colegio de Profesores no puede llevar una acción legal como organización, ya que los profesores son víctimas separadas de muchos delitos que tienen origen común.

Sostiene que los profesores que lo consideren podrían interponer una una querella, para que se acredite la realización de un delito y dentro de ese proceso una demanda civil para poder recuperar los dineros adeudados.

Sin embargo, explica que  el delito de apropiación indebida tiene un elemento que hay que demostrar que es el ánimo o intención real de quedarse con los dineros, pero si no se acredita la intención se cae el delito “si están pagando algunos meses, es una conducta que hace que se caiga el delito y sólo demuestra un desorden financiero”

En su opinión de experto legal señala que “me hace ruido que una corporación que tenga acceso a agentes públicos no le alcancen los dineros, entonces ahí hay un problema de administración o que las platas se están yendo donde no deberían”, manifiesta que en el caso de ser dineros públicos como en este caso también debiera haber un involucramiento de Contraloría.

Sobre la demora de estos procesos señala que lamentablemente, los procedimientos legales funcionan lento, podría demorarse años