La Contraloría dio a conocer un informe de una auditoría a los gastos efectuados por el Gobierno Regional de Coquimbo para la entrega de alimentos y artículos de aseo a la población, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia por Covid-19, durante el año 2020.
Estos fueron derivados de los convenios de transferencia de recursos suscritos con la Cámara de Turismo Región de Coquimbo Asociación Gremial, por un monto total de $2.860.178.000.
Según lo que destaca Diario El Día en su publicación, la situación se habría generado durante la administración de la exintendenta Lucía Pinto, entre los meses de abril y junio del 2020. El documento reveló diferencias importantes en los productos contenidos en las cajas de alimentos repartidas en plena pandemia. Se evidenció un mayor valor pagado y dudas sobre los criterios utilizados.
Dentro de los principales resultados destaca que “se determinaron inconsistencias entre las especificaciones técnicas remitidas a los proveedores y las proporcionadas por el Gobierno Regional de Coquimbo durante el proceso de fiscalización, verificándose condiciones distintas a las que los proveedores tuvieron a la vista al momento de enviar sus cotizaciones, cuyas diferencias se refieren a marcas de productos, unidades por caja, tipo de sustitutos, condiciones requeridas de los productos alimenticios, plazos y cronogramas de entrega, proceso de pago, entre otras”.
Además se detectaron inconsistencias en el proceso de evaluación de las ofertas de las empresas adjudicadas y de los proveedores que no.
“Se verificó que, si bien las “Especificaciones Técnicas” no detallaban como requisito contar con experiencia en el rubro de alimentos, considerando la magnitud de lo requerido, se constató que la empresa Ambimac Inversiones SpA. –proveedor al que se le contrató por un total de 10.028 cajas de alimentos por un monto de $345.966.000– inició actividades económicas el día 6 de marzo de 2020, efectuando sus primeras transacciones de ventas a la Corporación de Turismo de Coquimbo, con motivo del programa Alimentos para Chile”.
También, las cajas de alimentos no contenían la totalidad de los productos ofertados en las cotizaciones presentadas por los proveedores, añadiendo productos de precios más bajos o disminuyendo cantidades.
El documento se refiere a la disimilitud de productos en las cajas de alimentos respecto a lo ofertado en las cotizaciones, en el cual se determinó una diferencia de aproximadamente $277.066.114, el GORE deberá remitir los antecedentes que den cuenta de las acciones emprendidas por parte del servicio en razón de los incumplimientos de las disposiciones contractuales por parte de los proveedores, para según sea el caso, aplicar las sanciones correspondientes y/o gestionar las notas de crédito respectivas, informando documentadamente de ello en el plazo de 60 días hábiles.
Entre otras de las conclusiones se refiere a los criterios utilizados para la distribución de cajas de alimentos. En este punto, la Contraloría determinó que “la entidad deberá documentar el sustento técnico y proporcionar el mapa de vulnerabilidad, instrumento vinculante dentro del “Programa Compromiso País”, el cual definiría que los Grupos Focales cumplían con los parámetros establecidos para la entrega del beneficio consistente en las cajas de alimento, tal como fue informado por ese GORE en su oficio de respuesta, situación que deberá ser acreditada”.
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