Este miércoles, organizaciones sociales opositoras al proyecto minero Dominga presentaron un recurso de casación contra el fallo de abril en que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dio una nueva oportunidad al proyecto, retrotrayendo el procedimiento de tramitación a la etapa de votación en el consejo regional.
El documento está firmado por el abogado Diego Lillo y se pide que se invalide y anule la sentencia emitida el 16 de abril, pues a su juicio esta ha sido pronunciada “con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica y en contra de otra sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”, señala el recurso.
Según el abogado de la ONG Fima, con este recurso buscan demostrar que la actuación del Comité de Ministros estuvo dentro de la legalidad, y además se pretende probar que Dominga “adoleció de información esencial y no pudo satisfacer medidas de mitigación y compensación para los grandes impactos que el proyecto tendría”, señaló a La Tercera.
“El Tribunal Ambiental confundió su función de revisar la legalidad de la actuación del Comité de Ministros que rechazó el proyecto con una atribución que no tiene de realizar una evaluación ambiental alternativa de Dominga (…). Nunca demostró que la instancia ministerial haya resuelto en forma contraria a derecho”, complementó el profesional.
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