Una nueva sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del caso “Papaya Gate” se realizó este lunes 24 de mayo, en la que participó como invitada Paola Rodríguez, ex encargada del departamento de pre inversión y evaluación de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional (Diplan) y Paula Martínez, profesional de la misma división.
Cabe recordar que durante la última sesión de esta comisión investigadora ya declaró Paulina Tapia, también profesional de la Diplan del GORE , quien indicó que la tasación que ella envió al municipio para la formulación del proyecto era de 4 mil millones de pesos, la que le había sido remitida por José Cáceres, ex jefe de la Diplan Regional.
Sin embargo, en esta oportunidad los parlamentarios escucharon la declaraciones de Paola Rodríguez, quien estuvo hasta diciembre de 2019 a cargo de la unidad de pre inversión, quien señaló que ya en diciembre de 2018, a sólo una semana de que se aprobara en el concejo municipal de La Serena el terreno para el hospital, José Cáceres le consultó sobre la factibilidad de comprar un terreno al municipio de La Serena para un centro deportivo, a lo que respondió “le digo que en base a la ley de presupuesto no se puede porque en la ley vigente el 2018 y 2019 no se podía comprar un terreno de forma directa, sólo existía la posibilidad de un proyecto de diseño con compra de terreno, está en las normas de inversión pública y era la única forma”.
La ex funcionaria del GORE añadió que de inmediato ella preguntó por el monto para este proyecto “y siempre supimos que el proyecto costaba 9 mil millones”.
Rodríguez explicó que la función de la unidad de la que estaba a cargo, es asesorar a las jefaturas del gobierno regional sobre lo que se puede hacer apegado a las normativas vigentes, manifestando además que “ya habíamos tenido cuestionamientos del Consejo Regional porque nos decían que la cartera estaba muy desequilibrada con pocos proyectos para otras provincias y La Serena iba a tener una cartera muy inflada en relación a los otros municipios. Manifesté que esto iba a traer problemas por el alto costo, me pareció muy caro para ser un proyecto de diseño porque después venía su ejecución”.
Señaló también que pensó que el proyecto no se iba a presentar en un corto plazo, “hasta que el municipio de La Serena llega con el proyecto solicitando el ingreso al Banco Integrado de Proyectos (…) En la ficha venía con el costo de 9 mil millones y el jefe de división (José Cáceres) nos dice que se tenía que priorizar”. Añadió que “pensé que nunca iba a obtener el RS porque conocí proyectos que estaban años en evaluación y nunca imaginé que lo iba a obtener tan rápido”.
Otra situación ocurrida que calificó de poco frecuente, fue lo sucedido cuando se iba a presentar al Consejo Regional (CORE) la cartera de proyectos priorizados para el 2019, señaló que “cuando estaba lista para presentar la cartera de proyectos al CORE nos dicen que la paremos, porque va a ingresar otro proyecto, el de San Ramón que llegó muy encima, el RS sale el mismo día que se presentó la cartera al CORE y lo visó el mismo jefe de la división (Cáceres) y lo defendió en el CORE sin ningún profesional de nuestro equipo”.
Labores poco habituales
Estas situaciones poco habituales en el desarrollo de proyectos dentro del GORE, también fue algo que manifestó Paula Martínez, quien fue coordinadora del equipo de profesionales del depto. de análisis territorial de la Diplan Regional, al explicar que el mismo jefe de la división, José Cáceres, le encargó colaborar con este proyecto, lo que era una labor poco habitual para las funciones regulares de su área.
La profesional especificó que hubo dos momentos en los que su equipo de trabajo es requerido por José Cáceres para hacer aportes a al proyecto, una fines de 2018, cuando se le indica que el municipio está interesado en generar un proyecto que reemplace a la Cordep, “él (Cáceres) solicitó que Paulina Tapia apoyara al municipio en la generación de este proyecto”.
Martínez explicó que se le indicó “que era relevante porque estaba relacionado con los grandes proyectos de salud que llevaba el GORE, la prioridad era porque este proyecto tenía que avanzar en paralelo al del Hospital de La Serena, pero nunca públicamente, ni por un oficio se dijo que una cosa condicionaba la otra”.
El segundo momento en que el proyecto pasó por el depto. de análisis territorial, según lo señalado por la profesional, fue cuando empezaron las observaciones de parte de contraloría por la no toma de razón, “se nos pide en algunos momentos que podamos aportar con aclaraciones conceptuales para aclarar las observaciones”.
La incógnita de las tasaciones
Consultada Paula Martínez, sobre el origen y ruta que siguieron las tasaciones para el terreno en cuestión, las que subieron de 4 mil millones en un primer informe, a 9 mil millones en informes al año después. Martínez señaló que “las tasaciones son uno de los insumos que hace llegar el jefe de división (José Cáceres) a Paulina Tapia como parte del proceso de apoyo técnico, desconozco absolutamente de donde provienen la tasaciones y la ruta de las posteriores tasaciones, eso lo veía el equipo jurídico como unidad técnica”.
Sobre este punto el diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión Investigadora explico que en un informe en su poder se especifica que el 5 de enero 2019 aparecen como solicitante de las tasaciones Sergio Rojas, jefe de Secplan del municipio serenense, informe que hacen dos tasadores privados. En febrero de 2020 en un segundo informe hecho por los mismos tasadores los valores suben considerablemente y con fecha 30 de junio de 2020 hay nuevas tasaciones con valores más altos.
Para seguir aclarando este punto clave es que se acordó citar para la próxima sesión a los tasadores privados que elaboraron los informes, se trata de Pablo Flores, Javiera Lora, Arturo Layana y la empresa tres R, para que expliquen quien encargó y pagó las tasaciones.
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