Una nueva sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, sobre el caso “Papaya Gate” se realizó este lunes 31 de mayo, a la que asistieron como invitados la presidenta del Consejo Regional (CORE) Adriana Peñafiel y el arquitecto Arturo Layana, quien elaboró uno de los informes de tasación para los terrenos adquiridos por el Gobierno Regional (GORE) para el proyecto del complejo deportivo San Ramón.
La Presidenta del CORE, quien fue la primera en exponer ante los parlamentarios, realizó una presentación sobre las funciones del Gobierno Regional y el Consejo Regional para aclarar la toma de decisiones que los involucran en este caso, señalando que proyecto se recibió “mediante un oficio que envía el ejecutivo del Gobierno Regional, la ex intendenta lo remitió con sus prioridades para aprobación del CORE”.
Aclaró que al pasar al Consejo Regional no existía la posibilidad de rechazarlo, ya que “se aprueba, se sugiere o se modifica, la ley establece que en estos casos no se puede rechazar, se nos entregaron los antecedentes y las prioridades las pone el ejecutivo. En este caso se tramitó junto con 7 proyectos que se enviaron para ser priorizados”.
Peñafiel manifestó además, que la discusión sobre este proyecto en particular que se dio dentro del CORE fue con respecto a la equidad territorial: “siempre hay una discusión de la distribución de las inversiones en las tres provincias y siempre recaen más inversiones en La Serena y Coquimbo porque hay más población”. Agregó que en la votación de esta iniciativa “9 consejeros aprobaron y 7 señalaron para que quedara en comisión, no hubo abstención, ni rechazo, ese fue el acuerdo”.
Señaló que nunca recibió ninguna presión para aprobarlo “no habló nadie con el CORE, nos llegó por oficio y se solicitó que fuera el jefe de Diplan a explicar. Nunca supe que desde la Municipalidad de La Serena hayan conversado sobre este tema”.
Finalmente explicó que “este proyecto pasó todas las instancias evaluadoras presentadas por las instancias formuladoras, se estimó que tenía todos los antecedentes. La evaluación viene hecha por el Ministerio de Desarrollo Social y lo prioriza la ex intendenta”.
Informes de tasación eran para privados
Arturo Layana, arquitecto que realizó uno de los estudios de tasación utilizados para la elaboración del proyecto del complejo deportivo San Ramón, aclaró su participación en la elaboración de estos informes técnicos, que de acuerdo a su explicación le fueron encargados como un favor personal por su colega Eugenio Jiménez, dueño de la empresa de tasaciones 3E, que también figura como ejecutante de otras de las tasaciones para este proyecto.
Layana señaló que Jiménez le solicitó que le ayudara a visar un set de tasaciones, entregándole las muestras para hacer una comparación de mercado, “que es un método simple de tasación, en que se promedia el valor de las muestras”.
Según declaró el profesional, los terrenos que evaluó (las muestras) eran de similares características, 6 UF el metro cuadrado son lo que promediaban las muestras, “pero los valores no me calzaban con las normas vigentes, por eso todos los informes los condiciono con una nota, a la actualización del plan regulador”. Con esto explicó que el método de comparación de mercado, utilizado en este caso “era viable, pero es un valor de tasación condicionado a la modificación del plan regulador”.
El arquitecto agregó que este fue un servicio que realizó para un privado (Eugenio Jiménez, por su relación de amistad), solicitado supuestamente por otro privado. “Al salir el caso en la prensa recién me entero (de la relación con el caso Papaya Gate) y pido explicaciones a Jiménez y recién me cuenta quién es la persona que solicitó el informe, sería el Sr. (Pablo) Bracchitta, gerente del centro empresarial del barrio industrial”.
Aseguró a demás que “no conozco a nadie del Gobierno Regional, los informes van dirigidos a propietarios privados, a la inmobiliaria La Herradura SPA” (…) “Desconocía el propósito de estas tasaciones, si hubiera sabido que era para un proyecto del Gobierno Regional se debería haber usado otro método que incluyera la rentabilidad social. El revisor de esos informes, quien los utilizó debería saber que esos informes no condicionaban la compra”, explicó Layana.
Para la próxima sesión de esta comisión se solicitó citar al abogado Eduardo Espinoza, quien fuera jefe del departamento jurídico del Gobierno Regional y a Patricia Figueroa quien también estuvo a cargo de esa área, para poder empezar a indagar sobre la realización de los contratos de compra del terreno que fueron objetados por Contraloría.
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