Los problemas de salud mental en Chile en periodo de pandemia por Covid 19, han sido uno de los temas más preocupantes, ya que se han profundizado producto de las cuarentenas y la incertidumbre con respecto a motivos de salud, económicos y laborales.
Sin embargo, hay trastornos psiquiátricos de gravedad que al no ser tratados de manera adecuada se agudizan y causan graves problemas a familias enteras y comunidades que temen por su seguridad, cuando pacientes descompensados agreden a su propio entorno.
La esquizofrenia es una de las enfermedades psiquiátricas que requiere tratamiento de por vida, que si no se controla de manera adecuada produce alucinaciones y pérdida de la noción de la realidad, por ello las personas que la padecen necesitan un apoyo familiar y de su entorno social permanente, para mantenerse compensados y poder desarrollar una vida normal.
Lamentablemente muchas de las personas con esta patología, que se gatilla por factores genéticos y también asociados al consumo de drogas, son abandonadas por sus propias familias, al convertirse en una amenaza y no poder hacerse cargo de sus tratamientos.
Conocimos los casos de dos personas de La Serena y Coquimbo que se encuentran en una situación bastante crítica, por las acciones agresivas que han protagonizado contra la comunidad en que viven y sus propios familiares
Uno de ellos es el de una mujer de 53 años que vive en Caleta San Pedro, gracias a las denuncias efectuadas por vecinos pudimos conocer detalles de este caso que preocupa a la comunidad, ya que esta persona habría sido abandonada por su esposo e hijos, quienes se encuentran viviendo en Santiago desde hace 6 meses, después de intentar por años que se sometiera a tratamientos, finalmente habrían optado por salir del hogar.
Mauricio Plaza, vecino de Caleta San Pedro, uno de los denunciantes, nos señaló que esta mujer ha agredido en muchas ocasiones a otros vecinos de la localidad, “tirando piedras a las viviendas circundantes y ha perseguido a vecinos con armas cortantes”, además han podido constatar que ha maltratando a animales que viven en su propiedad. Ellos como comunidad se han contactado con el esposo de esta mujer, quien les envió una declaración simple con su firma para que pudieran hacer la denuncia sobre el caso de su señora.
La declaración a la que pudimos acceder señala: “Yo C.G.G.M. Autorizo a los vecinos de Caleta San Pedro, a que hagan una denuncia pública, para buscar una solución a la patología psiquiátrica que tiene mi esposa”. Al respecto y de acuerdo a esto. La familia (esposo e hijos) hemos tratado de todas formas que ella acceda o tome algún tratamiento para mejorar su situación. Diversas denuncias, demandas en tribunales, llamados a centros. Durante años y no se ha podido conseguir nada favorable para nuestro caso. Y a causa de esto yo tomé la decisión de abandonar el domicilio por resguardo de mi integridad física y mental”.
Mauricio Plaza y Jocelyn Lazo, vecinos de Caleta San Pedro, explican que recurrieron al Centro de Salud Familiar (CESFAM) Emilio Shaffhauser y hablaron con una asistente social del establecimiento, donde les señalaron que no pueden hacer un tratamiento adecuado sin el consentimiento de la paciente y que un familiar directo, en este caso el marido, tendría que realizar una acción judicial para declarar interdicta a la persona.
El otro caso al que pudimos acceder mediante denuncias de sus propios familiares, es el de un joven de 25 años de la localidad de Pan de Azúcar, a quien diagnosticaron hace 14 años con esquizofrenia. El tratamiento de su enfermedad ha sido bastante complejo de sobrellevar para su familia, ya que además tiene asociado un consumo problemático de drogas, por lo que han vivido episodios de violencia intrafamiliar graves, llegando incluso a incendiar la vivienda de sus padres.
Su madre Rosa Ángel, cuenta que después de que su hijo quemara su casa, teme incluso por su vida, ya que la ha amenazado de muerte, señala que actualmente se encuentran en una vivienda que les prestó el jefe de su esposo en la que viven con su nieto de 12 años. Su hijo se encuentra actualmente en un albergue en Coquimbo donde recibe tratamiento ambulatorio por parte del Hospital San Pablo, donde fue estabilizado luego de este episodio, establecimiento en el que ha estado internado en variadas ocasiones, siendo derivado a otros recintos de rehabilitación por algunos periodos, pero luego recae en el consumo y la descompensación psiquiátrica.
Cómo opera la red pública de salud mental
Para saber cómo funciona la red de salud pública para casos de salud mental graves cómo estos, consultamos en el Hospital San Pablo de Coquimbo, único establecimiento en la región que cuenta con camas de hospitalización psiquiátrica. El Dr. Marcel Souyet médico psiquiatra de este establecimiento, explicó que los pacientes que tienen una patología de salud mental y consumo de sustancias, muchas veces llegan al servicio urgencia donde “tenemos una residencia las 24 horas del día, si tienen indicación de hospitalización psiquiátrica ingresan a la unidad que cuenta con 18 camas. El paciente se estabiliza y se trata, pero el abordaje es siempre biopsicosocial, de manera integral, no sólo tratamos al paciente, sino que también nos preocupamos de incluir a la familia en el manejo de la enfermedad mental”.
El Dr. Souyet agrega que una vez que los pacientes “son dados de alta pueden ir a distintos dispositivos insertos en la red, tenemos una unidad de adicciones especializada en patología mental con consumo de sustancias, donde reciben tratamiento y luego se insertan en la comunidad, para eso tenemos los centros de salud mental: Cesfam de Tierras Blancas y en Punta Mira”.
Sin embargo, el profesional señala que “siempre va a haber un porcentaje que a pesar de todo el esfuerzo, siguen recayendo en consumo y terminan cometiendo actos delictuales, es súper importante que las familias hagan la denuncia a tribunales para que el juez dictamine una hospitalización, cuando se dictamina, los pacientes ingresan a otro dispositivo en una unidad forense, que es en Putaendo, cuando ya su conducta es delictual y pone en peligro a familiares o la comunidad”.
La asistente social del Hospital San Pablo, Cristina Aquea, ratifica sobre el caso del paciente de Pan de Azúcar que “ha sido tratado varias veces en el hospital con distintos niveles de intervención, en la unidad de emergencia para la compensación del paciente y ha sido trasladado a albergues para continuar con tratamiento ambulatorio, lamentablemente como es un paciente que lleva muchos años en tratamiento, tiene una red apoyo desgastada que funciona de manera muy frágil y hemos tenido como sistema de salud que ser parte de esta red”.
También hablamos con la Directora Regional del Senda (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) Fernanda Alvarado, quien explicó que los pacientes con cuadros de salud mental pueden acceder a un programa de rehabilitación, sólo si se tiene los diagnósticos adecuados, pero primero se debe hacer una compensación psiquiátrica. Además recalcó que “la voluntariedad de las personas es fundamental y un apoyo de la red familiar para ingresar en las distintas modalidades ambulatorias o intensivas y en espacios residenciales, donde las personas pueden estar entre seis meses y un año cuando su compromiso psicosocial es muy fuerte”. Señaló también que “cada día estamos viendo muchas más familias afectadas por este tipo de situaciones producto de la pandemia que ha visibilizado el problema de salud mental y estamos teniendo mayor demanda en los centros de rehabilitación”.
Nueva ley de salud mental
El Dr. Sebastián Prieto, médico psiquiatra, jefe del departamento de salud mental del Servicio de Salud Coquimbo señaló en entrevista con Mi Radio que: “Hace menos de un mes atrás se promulgó la nueva ley de protección de derechos a las personas en atención de salud mental, que viene a cubrir una falencia que existía históricamente en problemas de atención. Chile era parte del 25% de los países que no contaba con una ley relacionada con salud mental, era una deuda”.
Explicó también que esta ley tendrá un nuevo reglamento que debe ser publicado en julio, para ejecutar los procedimientos de hospitalizaciones, “con lo que cambiará la forma de respuesta del sistema en poco tiempo más. Hoy tenemos dos vías de hospitalizaciones involuntarias y con esta nueva ley se espera que haya una sola vía para poder normar mucho mejor las intervenciones”.
Sobre estas dos vías de hospitalizaciones involuntarias en casos de patologías psiquiátricas graves, el Dr. Prieto señaló que una es la vía administrativa a través de la Seremi de Salud “que son los que validan las solicitudes que hacen los equipos tratantes o la comunidad, la Seremi hace todo el proceso de rescate, evaluación de caso y determinar el ingreso en caso de que amerite hospitalización”.
Además explica que cuando la familia no está presente, se puede pedir desde los vecinos a la Seremi de Salud el formulario para hacer la solicitud desde la comunidad”, pero siempre debe haber una evaluación médica desde la atención primaria, “la comunidad puede plantear esta problemática en el Cesfam que le corresponda y agendar una visita y determinar la condición clínica en la que se encuentra el usuario”.
La segunda alternativa que hay actualmente es la vía judicial, cuando se hace alguna denuncia o demanda, “que puede ser de tipo penal o en tribunales de familia, el juez puede determinar que la persona debe ser hospitalizada por causas judiciales. Se puede hacer también una denuncia por abandono o malos tratos” explicó, en el caso de que los familiares no se hagan cargo de la persona afectada.
El objetivo, según señala el profesional de salud, es que cuando se instaure la nueva ley, debería haber una sola vía de hospitalizaciones involuntarias “que va a estar centrada en los tribunales de familia, que se van a coordinar con la Seremi de Salud para poder definir el ingreso y la priorización de todos estos casos”.
El estigma de la enfermedades de salud mental
De acuerdo a lo señalado por el psiquiatra Sebastián Prieto, “no siempre la única solución de estos problemas es la hospitalización, muchas veces el trabajo con los familiares y la propia comunidad, es mucho más eficiente, pero cuando existe un riesgo vital inminente para la persona o para otros, a propósito de las conductas que están ocurriendo, se indica la hospitalización”.
El Dr. Prieto destaca que a veces la comunidad o la familia considera que una persona debe estar hospitalizada, pero no es la única alternativa, ni lo que que se indica desde el punto de vista médico para un paciente, ya que todos los tratamientos hoy en día apuntan a lo ambulatorio y la reinserción social, “pero no hay ninguna herramienta legal que permita hacer tratamientos involuntarios en forma ambulatoria”.
Agrega que en un un alto porcentaje de estos casos hay una problemática familiar, que induce a catalogar a una persona como la causa de ciertos problemas que son conjuntos: “A veces las reacciones violentas se dan en un contexto de maltrato, abandono, violencia económica. Muchas veces hay un abuso a los derechos humanos de las personas que tienen algún tipo de trastorno mental”.
Además hay que considerar, según explica el Dr. Prieto, que “un diagnóstico de un trastorno mental funciona como una clase de categoría permanente, que queda instalada en una persona y que cuesta mucho sacar de encima, estos trastornos son en general cuadros agudos que duran un tiempo, se tratan y se pueden revertir incluso completamente, pero haber quedado con el diagnóstico genera este estigma de por vida”.
El jefe del departamento de salud mental regional manifiesta también que “las hospitalizaciones de larga estadía, dejan muchas veces a una persona de por vida en un hospital psiquiátrico (donde efectivamente han habido situaciones de abusos y de maltrato), en vez de ofrecer un proceso de rehabilitación más completo e inserto en su comunidad”, que es para donde apuntan los tratamientos en la actualidad.
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