Papaya Gate: Ex jefa jurídica del GORE señala que no había más argumentos técnicos para justificar la compra del terreno

Este lunes 14 de junio se llevó a cabo una nueva sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del caso Papaya Gate, en esta oportunidad estuvo citada Patricia Figueroa, abogada, funcionaria del Gobierno Regional (GORE), quien fue jefa del departamento jurídico.

La profesional realizó una exposición de todo el proceso de elaboración de los contratos de compra venta que culminaron en la adquisición por trato directo, sin la toma de razón obligatoria por parte de Contraloría, de los terrenos para el complejo deportivo San Ramón, que reemplazarían a los terrenos de la Cordep cedidos por el municipio de La Serena para la construcción de un nuevo hospital.

Patricia Figueroa mencionó en su presentación que en septiembre de 2019 “se me solicita reunirme con el vendedor Pablo Bacchitta”, gerente de las inmobiliarias que ofertaron el terreno adquirido, “para actualizar la carta oferta del GORE considerando un nuevo metraje”, ya que la Seremia de Desarrollo Social había aprobado el proyecto con fusión de lotes, especificó.

También declaró haber participado en reuniones para llevar a cabo este proyecto, lideradas por José Cáceres (ex administrador regional) y con Sergio Rojas (Jefe de Secplan de la Municipalidad de La Serena) por parte de municipio, mencionado que las tasaciones utilizadas efectivamente fueron gestionadas por Cáceres.

En su intervención la abogada señaló que: “En mis 13 años en el GORE nunca se había dado que fuéramos tantas veces a la Contraloría”, esto refiriéndose a la cantidad de veces que fue objetada la compra de los terrenos en cuestión, agregando además que “hubo una insistencia fuera de lo normal por parte de José Cáceres, quien pidió exclusividad para concretar esta compra venta”.

Con respecto a los tratos que tuvo con la ex intendenta Lucia Pinto, especificó que sólo tuvo con ella una reunión presencial, que fue para pedirle celeridad en la tramitación de las observaciones de Contraloría, a lo que la abogada replicó que no había enviado la respuesta porque no estaba convencida de la justificación técnica: “Le dije que era el terreno más caro se ha comprado para un complejo deportivo”. Aún así, especificó que “como departamento tratamos de ser concluyentes para justificar que ese terreno cumplía con los elementos técnicos” (…) “pero ya en el cuarto rechazo se debería haber resciliado el primer contrato, porque no había más argumentos técnicos que dar para justificar la compra y el municipio debería haber llamado a una licitación pública”.

En el proceso de adquisición cuestionado, según explicó Figueroa, se hicieron 2 contratos de compra venta, en el primero participó el Departamento Jurídico y se se hizo con instrucciones que acompañaban la entrega de los vale vista para pagar a los vendedores, los que siempre estuvieron en custodia en la notaria de Oscar Fernández. El segundo proceso compra venta es el que nunca se sometió a la toma de razón y en el que no participó personal del departamento jurídico del GORE en su elaboración, sino un abogado externo contratado específicamente para esos fines.

De acuerdo a la explicación de Patricia Figueroa, el 19 de junio de 2020 la Contraloría representa (objeta) por última vez el primer contrato de compra venta y dice nuevamente que falta justificación para el trato directo y el precio, ahí finaliza el primer proceso de contrato. “El trato directo es una excepción a la norma de la ley de base del Estado, que tiene que estar que debidamente justificado”, señala la profesional.

Segundo contrato de compra venta

En una segunda etapa de este proceso (en el segundo contrato de compra venta) Eduardo Espinoza, nuevo jefe del departamento jurídico de ese entonces, “informa que él se iba a hacer cargo personalmente del caso y es quien celebra el segundo contrato el 3 de julio de 2020”. Figueroa especificó que como unidad jurídica, ellos no autorizaron recursos para el pago de la elaboración de ese contrato “y no se nos solicitó la emisión de nuevos vale vista, los anteriores estaban aún en la notaria”.

La abogada declaró que se contrató a otro abogado para que regularizara el proceso del segundo contrato,  Roberto Garrido, abogado que trabajó en la Contraloría General, para que realizara un dictamen que autoriza a realizar pagos antes de su total tramitación. Su contratación fue por trato directo, por 25 millones de pesos, los que finalmente no se pagaron y están en proceso de auditoria interna, de acuerdo a lo señalado por Figueroa.

Finalmente mediante este segundo contrato, de acuerdo a lo declarado por la abogada, se permitió el pago de los recursos fiscales a un particular, con la presencia de sólo uno de los abogados de las partes para inscribir el inmueble y pagar los vale vista. En cambio en el primer contrato los abogados debían actuar de manera conjunta.

En esta sesión de la comisión investigadora también participó Verónica de la Paz, asesora técnica de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien realizó un análisis de los terrenos adquiridos para el complejo deportivo San Ramón y emitió su opinión técnica sobre los mismos. Mientras que el otro invitado, representante de la empresa Tres E Arquitectura, Eugenio Jiménez Alcayaga, quien fuera mencionado en la anterior sesión como uno de los principales tasadores de este proyecto, no estuvo presente.