Para este lunes 26 de julio a las 17.30 horas está programada una nueva sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del denominado caso “Papaya Gate”, a la que está invitada la Fiscal Regional de la Región de Valparaíso, Claudia Perivancich Hoyuelos, quien fue designada por el Ministerio Público para llevar a cabo la investigación por irregularidades y posibles delitos cometidos en el marco de la compra de terrenos para el complejo deportivo San Ramón por parte del Gobierno Regional de Coquimbo.Claudia Perivancich
Cabe recordar que la adquisición de los terrenos cuestionados se realizó por parte del Gobierno Regional sin la correspondiente toma de razón de Contraloría, por un monto cercano a los 9.800 millones de pesos, situaciones que son investigadas tanto en el ámbito penal por la Fiscalía y por la comisión de parlamentarios que establecerá responsabilidades administrativas y políticas en este proceso.
A esta sesión de la comisión investigadora también está invitado el Presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Antonio Peribonio, organismo que el pasado viernes 23 de julio presentó una querella por fraude al fisco en contra de la ex Intendenta Regional, Lucía Pinto y dos ex funcionarios del Gobierno Regional, el ex jefe del Departamento Jurídico, Eduardo Espinoza y el ex jefe de la División de Planificación y administrador regional, José Cáceres. Acción dirigida además en contra de un particular, Pablo Bracchitta, gerente de las inmobiliarias que vendieron el cuestionado terreno y quien encargó las tasaciones.
La acción interpuesta por el CDE sostiene que los querellados actuaron, no sólo incumpliendo dolosamente los deberes del cargo, por cuanto de manera conjunta realizaron todas las gestiones necesarias para la adquisición de los referidos terrenos, permitiendo que se perfeccionara el contrato de compraventa pese a no contar con la respectiva toma de razón de la Contraloría Regional sino que, además, con conocimiento de la existencia de tasaciones que valoraban los terrenos en menos del 50% del valor por el cual el GORE los compró, ocasionando con ello un evidente perjuicio fiscal.
En la primera sesión esta comisión investigadora realizó una exposición el Contralor General, Jorge Bermúdez, quien destacó en esa oportunidad que en este proceso no se acompañan los antecedentes que justifican la decisión de recurrir al trato directo para la adquisición del inmueble, no se advierten los fundamentos utilizados para determinar el precio pactado, no se advierte justificación de que el terreno deba emplazarse en el área de influencia determinada y resulta infundado el precio establecido en el contrato.
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