Una de las últimas sesiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso “Papaya Gate” se llevó a cabo este lunes 26 de julio, a la que estuvo invitada la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien fue designada por el Ministerio Público para para llevar a cabo la investigación por irregularidades y posibles delitos cometidos en el marco de la compra de terrenos para el complejo deportivo San Ramón por parte del Gobierno Regional de Coquimbo. Sin embargo, la persecutora excusó su asistencia a la sesión “puesto que no existen antecedentes que puedan ser aportados por el Ministerio Público, ya que la indagatoria que se relaciona con la materia investigada es secreta, además que la investigación no se encuentra formalizada”, fueron las explicaciones que adujo la fiscalía para no asistir a esta comisión.
Quién si lo hizo, de acuerdo a la invitación formulada, fue el Presidente (s) del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Daniel Martorell, quien se refirió a la querella presentada este viernes 23 de julio en contra de la ex Intendenta Regional, Lucía Pinto y dos ex funcionarios del Gobierno Regional, el ex jefe del Departamento Jurídico, Eduardo Espinoza y el ex jefe de la División de Planificación y administrador regional, José Cáceres. Acción dirigida además en contra de un particular, Pablo Bracchitta, gerente de las inmobiliarias que vendieron el cuestionado terreno.
Como antecedentes que llevaron al CDE a interponer esta querella, Daniel Martorell mencionó la diferencia de precios entre las cotizaciones del terreno en comparación con lo que finalmente se pagó y que no existió una licitación pública, sino un trato directo, que es un mecanismo excepcional de compra. Especificó además sobre las representaciones que hizo Contraloría que “hay dictámenes que son obligatorios y debe haber una obediencia de los dictámenes públicos, con fuerza obligatoria”, refiriéndose al proceso de toma de razón que no se concretó.
El Presidente (s) del CDE se refirió también al cambio contractual de la cláusula del contrato de compra venta que se utilizó para evadir la toma de razón, recordando que en el contrato original se requería que ambas partes (comprador y vendedor) debían comparecer para hacer efectiva la compra venta y la inscripción en el conservador de bienes raíces, pero esa clausula se eliminó y se evitó así ese proceso.
“Todos esos antecedentes llevaron al CDE a calificar el delito se fraude al fisco, sostenemos que la acción defraudatoria se realiza no sólo por mecanismos engañosos que llevan a un perjuicio fiscal, sino que esta conducta se verifica por un incumplimiento doloso de los deberes funcionarios para defraudar al fisco por parte de los querellados”, manifestó Martorell, haciendo referencia a que la querella también va dirigida a un particular (gerente de las inmobiliarias que vendieron el terreno) “sostenemos que los particulares también son parte del fraude fiscal”.
Con respecto a la ampliación de la querella, el representante del CDE sostuvo que la querella que presentaron puede ampliarse si se identifican otros tipos penales y está la posibilidad también ejercer un tipo de acción de carácter civil en cuanto a declarar la nulidad absoluta del contrato de compra venta y que se deje sin efecto la inscripción en el conservador de bienes raíces, esto se puede hacer según explicó Martorell en un tribunal civil, señalando que debido a la “gravedad de los antecedentes, estos casos de corrupción que quedan en la impunidad tienen una repercusión muy profunda” (…) “estamos consientes que es una causa muy importante y está la posibilidad de ampliar la querella por negociación incompatible”.
Especificando además que en este caso es posible el ejercicio de la acción civil, para el resarcimiento del perjuicio causado: “no queremos esperar la acción penal para demandar directamente la nulidad del contrato de compraventa”.
Señaló además que el Ministerio Público puede formalizar a otras personas “es posible ampliar la responsabilidad penal, pero no es una cacería de brujas, si hay más involucrados de los 4 de la querella (del CDE), por cierto que tienen que estar nerviosos”. “El delito es por fraude pero puede haber otra calificaciones como cohecho y soborno, puede ampliarse a otros ilícitos penales”, especificó.
Con respecto a las posibles penas para los involucrados explicó que “el monto del perjuicio está sobre 400 UTM, por tanto el marco es presidio mayor en su grado mínimo a medio, “podrían llegar a una pena que no sea sustitutiva, pero pueden haber atenuantes”.
Otra de las citadas a esta sesión fue Paulina Tapia, funcionaria de la División de Planificación del GORE, quien ya había declarado en una una citación anterior y que en esta oportunidad aclaró dudas sobre la carta de intención entregada por parte de inmobiliaria Guayacán S.A. señalando que ésta fue entregada por José Cáceres y que siempre se supo que este proyecto de diseño con compra de terreno consideraba ese terreno en particular para su ejecución.
Quedando sólo dos sesiones más de esta comisión investigadora, los diputados integrantes aprobaron invitar para la próxima sesión al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ya que de acuerdo a lo expuesto por el presidente de la instancia investigadora, Diputado Daniel Núñez, la investigación de la fiscalía “ha ido muy lentamente en este caso” y al Contralor General de la República, Sergio Bermúdez, quien ya expuso en la primera sesión de esta comisión.
Discussion about this post