Comisión investigadora del Papaya Gate concluye que Lucía Pinto es responsable del mayor caso de corrupción en la región

Este lunes 31 de agosto se dieron a conocer las conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso “Papaya Gate”, las que fueron votadas en esa última sesión para ser aprobadas luego 5 meses de trabajo, en los que se entrevistaron a funcionarios públicos como los Seremis de Desarrollo Social y Bienes Nacionales, profesionales del Gobierno Regional y el Alcalde de La Serena, además del Contralor General de La República, Jorge Bermúdez y el Presidente (s) del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell.

El 9 de agosto pasado fue la última sesión de la comisión investigadora con invitados, siendo convocados los principales propietarios de la inmobiliarias que vendieron al Gobierno Regional los terrenos que se destinarían al Complejo Deportivo San Ramón. Nicolás Bakulic Govorcin, Manuel Daire Daud y Lorenzo Iduya, no asistieron a declarar, como tampoco lo hizo el Fiscal Nacional Jorge Abbott, aduciendo que las materias que ocupan a la comisión son indagadas en una investigación penal actualmente desformalizada.

Cabe recordar que esta comisión investigadora surge luego que el Ministerio Público iniciara una investigación que aún está en curso, a cargo de la Fiscal de Valparaíso Claudia Perivancich,  tras la denuncia de Contraloría por el presunto delito de fraude al fisco, que se habría cometido en el Gobierno Regional de Coquimbo bajo la administración de la ex intendenta Lucía Pinto (UDI), al comprar un terreno por $ 9.800 millones de pesos, siendo su tasación de sólo 4 mil millones. Esto para la construcción de un recinto deportivo en reemplazo del ubicado en terrenos que el Municipio de La Serena cedió para construir un nuevo hospital.

Conclusiones

De acuerdo a las conclusiones obtenidas por esta instancia investigadora los principales involucrados en este caso de fraude al fisco, tal como ya se especificó el la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado son la ex Intendenta Lucia Pinto y ex administrador regional, José Cáceres.

Entre los objetivos de esta comisión se especificó que fue “Investigar todo el procedimiento de compra encabezado por la ahora ex intendenta Lucía Pinto, y determinar qué rol y nivel de participación tuvieron en el proceso de adquisición de los terrenos los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales y Desarrollo Social, entre otras reparticiones públicas”.

En total fueron 6 puntos los especificados en las conclusiones de esta Comisión Investigadora:

La primera conclusión señala que  la ex intendenta Lucía Pinto es la principal responsable política del mayor caso de corrupción en la Región de Coquimbo. A la luz de la serie de antecedentes y testimonios recabado durante el funcionamiento de esta comisión hemos llegado a la convicción que la ex intendenta, por decisiones que son de su exclusiva responsabilidad, la ex autoridad permitió que se defraudara al Fisco por casi 10 mil millones de pesos en la compra de los terrenos de San Ramón, La Serena, a un grupo de inmobiliarias. Ella debió velar por la eficiencia y eficacia de los recursos públicos y en el cumplimiento estricto de la legalidad del procedimiento usado para adquirir los mencionados predios, donde se construiría las nuevas instalaciones del Centro Deportivo».

“Así mismo, como máxima funcionaria pública de la región, apreciamos el total abandono del principio de probidad administrativa y, en particular, lamentamos el ánimo de burlar las normas generales y especiales que regulan este tipo de materias relativas a la compra de terrenos por parte del Gobierno Regional”, señala el documento aprobado.

La segunda conclusión aduce que la ex intendenta actuó de manera ilegal al privilegiar el trato directo, al saltarse una serie de condiciones y requisitos en el procedimiento de compra de los terrenos de San Ramón, ya que no ameritaba el uso de trato directo, sino un proceso de licitación pública, al respecto la Contraloría objetó en 4 oportunidades el modo de adquisición de los predios.

La tercera conclusión señala que se modificó el contrato para burlar la toma de razón de la Contraloría y acelerar el pago a inmobiliarias, esto entre las series de irregularidades que llevó a cabo la ex intendenta para eludir el rol fiscalizador de la Contraloría y favorecer el negocio inmobiliario, pese a las observaciones hechas por el organismo regulador.

La cuarta conclusión está relacionada con la manipulación de tasaciones para aumentar el precio de los terrenos, se efectuaron dos grupos de tasaciones y las mismas empresas que vendieron el terreno encargaron las tasaciones que lo cotizaron en 4 mil millones de pesos, mientras que en la segunda ocasión se elevó un poco más del doble original es decir más de 9.000 millones de pesos

El quinto punto de las conclusiones alude al doloso actuar de José Cáceres y su vinculo comercial con Pablo Barcchitta, por lo que debió abstenerse de participar en este proceso de compra. La comisión investigadora establece, tal como lo expresa la querella del CDE que existía un vínculo comercial entre el administrador regional y el gerente de las inmobiliarias que vendieron los terrenos, según afirmó el Contralor Bermúdez, Cáceres se debió inhabilitar en todo el proceso de adquisición de los terrenos de San Ramón.

A través de la querella del CDE se establece que Cáceres y su conyugue eran parte de la propiedad de las inmobiliarias propietarias, “el querellado Cáceres Rojas mantuvo vínculos con las sociedades que integran el conglomerado empresarial que vendió los terrenos cuestionados”.

En el sexto punto “se respalda la querella por fraude al fisco (del CDE) y solicitamos a dueños de las inmobiliarias la devolución de los dineros, creemos que la comisión aportó antecedentes claves que permitió la Consejo de Defensa del Estado formarse la convicción de la presencia de delitos y querellarse en contra de los responsables por fraude al fisco”. Se solicita la anulación del contrato de compra venta y que se restituyan al Gobierno Regional los dineros pagados indebidamente.

Finalmente se aprobó enviar estas conclusiones vía correo electrónico tanto al Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público representado en el Fiscal Nacional, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía Regional de Coquimbo, al Ministerio de Desarrollo Social  y a la Gobernadora Regional de Coquimbo Krist Naranjo