La Contraloría realizó una auditoría a la Corporación Gabriel González Videla de La Serena por el proceso de pago de imposiciones previsionales y de salud de los trabajadores de la institución, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
En el documento emitió una serie de conclusiones, entre ellas que en el 2020 la Corporación GGV mantiene una deuda mayor de cotizaciones a la informada. Además constató diversos traspasos desde la cuenta de salud a educación y viceversa, algo que no debería hacerse.
“En cuanto a los antecedentes obtenidos directamente a través de la plataforma web del Banco del Estado de Chile, se procedió a realizar un análisis de las 21 cuentas corrientes que administra dicha entidad, específicamente de los ingresos y sus transferencias correspondientes al año 2020, constatándose diversos traspasos desde la cuenta corriente de Salud con destino a las diferentes cuentas corrientes de Educación –SEP, PIE y VTF (Vía Transferencia de Fondos JUNJI)–, por un monto total de $2.043.371.519”.
El documento agrega que “Asimismo, se determinó la existencia de transferencias desde las cuentas corrientes de Educación, SEP, PIE y VTF hacia la cuenta corriente de Salud por un monto total de $205.061.152, determinándose una disminución en los saldos de las cuentas corrientes del área Salud por un monto de $1.838.310.367, motivo por el cual la entidad deberá acreditar documentalmente los fundamentos que tuvo a la vista para efectuar cada uno de los movimientos entre las cuentas corrientes objetadas, asimismo, remitir los análisis contables que acreditan el correcto registro de los movimientos generados y el adecuado control respecto a dichos traspasos, debiendo ambas situaciones ser acreditadas documentalmente en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días contados desde la recepción el presente informe.
Por este motivo, la Contraloría remitió copia del informe al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado, a la Superintendencia de Educación, la Seremi de Educación, la Seremi de Salud y al Servicio de Salud de la Región de Coquimbo.
Esto porque pese a ser una entidad privada, explican que los recursos transferidos deber ser utilizados para el objetivo por el cual fueron traspasados y no resulta posible darle un destino distinto del ahí indicado. “A este respecto, cabe ratificar lo expresado en el dictamen Nº 52.548, de 2002, de este origen, en orden a que los fondos asignados por los Ministerios de Salud y Educación, deben ser destinados a satisfacer las necesidades de su respectiva área. Vale decir, durante el ejercicio presupuestario anual, los recursos proporcionados por un ministerio deben ser destinados a cubrir las necesidades de su respectivo sector”.
También explica que “respecto de lo indicado por la Corporación GGV sobre que en ningún caso el preinforme establece que los mencionados recursos, traspasados entre cuentas, hayan tenido un destino irregular, cabe hacer presente que ello es efectivo, por cuanto, el examen de esas transferencias no estaba comprendida dentro de los objetivos dispuestos en la presente auditoría, sin embargo, debido a los riesgos identificados en la revisión efectuada, este Organismo de Control planificará una nueva fiscalización sobre la materia, a iniciarse el segundo semestre del año 2022”.
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