Durante la mañana de este miércoles 6 de abril personal policial de Carabineros, PDI y también seguridad ciudadana del municipio de Coquimbo, concurrieron hasta la toma de terrenos ubicada en sector Rinconada de El Sauce en Coquimbo, con el objetivo prestar apoyo a la labor del Fiscalía que desarrolló las primeras diligencias destinadas a empadronar a la gente que se encuentra viviendo de manera ilegal al interior de dos predios colindantes, desde enero de este año.
Esta acción fue encabezada por el Fiscal Claudio Correa, quien explicó: “El operativo consiste en una entrada y registro autorizada judicialmente por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, con el objeto de tener información que nos permita alimentar la investigación que se lleva al respecto, lo que se ha hecho es empadronar a las personas que se encontraban en el lugar, obtener evidencia documental, también fotografías para ver y analizar la misma y ver los pasos a seguir judicialmente, que van a depender del análisis que arroje la información”.
Cabe recordar que actualmente hay una querellas presentada por la Inmobiliaria El Olivar dueña de los terrenos en el Ministerio Público, por el delito de usurpación violenta en contra de quienes resulten responsables, por lo que está acción es la primera etapa para continuar con otras acciones judiciales según explica el abogado de la inmobiliaria, Omar Vargas.
“Primeramente la querella se presentó contra todo aquel que resulte responsable, por tanto no teníamos la identidad de las personas que estaban usurpando este terreno, hoy en día se está haciendo el empadronamiento y se está determinando por parte de la fiscalía el grado de consumación del delito de usurpación violenta, lo que significaría avanzar en otras diligencias que se van ir haciendo”, señaló el abogado.
Además explicó que se va a proceder a cercar la propiedad para impedir que ingrese más gente a la toma, considerando que actualmente son más de 100 familias que están habitando en los terrenos usurpados.
Con respecto a un posible desalojo, el abogado Vargas señaló que “eso se va a ver más adelante, lo que se persigue aquí son las sanciones penales respecto de los ilícitos que podrían estar ocurriendo, y es ese análisis de la información y documentación recopilada, la que va determinar el camino jurídico procesal”.
Opinión de los residentes de la toma
Por su parte la representante de la directiva de la toma “familias por un sueño” de la parcela 135, Yanet Araya, especificó que son dos tomas diferentes en terrenos colindantes.
“Nosotros sabemos que esto no es legal pero estamos buscando la forma o las soluciones dentro de lo legal, primero que las autoridades se puedan acercar a hablar con nosotros de buena manera, porque aquí habemos familias de trabajo, de esfuerzo, hay niños, personas con discapacidad, de la tercera edad, entonces nosotros necesitamos que nos puedan dar alguna mesa de trabajo”.
Con respecto a las personas que han ingresado a vivir a ese sector, la representante de la toma asegura que ninguna tiene otra vivienda propia ni antecedentes penales, “nosotros le hemos pedido a todas las personas que llegan acá la ficha social de hogares y papel de antecedentes”. Sostiene por otra parte que “la presidenta de la junta de vecinos de acá se ha dedicado a decir que nosotros somos delincuentes, traficantes, pero ella no se ha dado el tiempo de ingresar acá y hablar con las personas que están aquí”.
Sobre las denuncias de disturbios, ruidos molestos y violencia dentro en estas tomas de terreno, señala que los últimos acontecimientos que se conocieron públicamente, de hechos de violencia a la afueras del sector fueron en la otra toma denominada “Esperanza de Jesús”.
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