En conversación con el programa Buen Día el concejal de La Serena Camilo Araya explicó qué implica la resolución de Contraloría Regional de iniciar un Juicio de Cuentas demandando al Alcalde Roberto Jacob, al ex Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, Patricio Bacho y otros cuatros funcionarios.
Según señala el concejal Araya, esta determinación de Contraloría ratifica, tal como se dio a conocer en el informe Final 477-2021 del órgano contralor que, “efectivamente, el Alcalde incurrió en las faltas que se le han imputado y que tiene que fallar el Tribunal Electoral Regional (TER) por un abandono de deberes por parte del alcalde Roberto Jacob”.
Respecto al informe final de Contraloría Regional recién mencionado, Araya sostiene que “ese informe detectó algunos tipos de incumplimiento como por ejemplo el pago de reajustes, intereses, de multas y de cobranzas por el pago tardío de cotizaciones (…) lo que hizo Contraloría fue derivar este informe a otras entidades para detectar 3 responsabilidades legales diferentes”. Aclarando que la falta de pago de cotizaciones previsionales y de salud o de su pago tardío por parte de autoridades públicas acarrea 3 tipos de responsabilidades legales, a saber, administrativas, civiles y penales.
Sobre la responsabilidad administrativa, corresponde al requerimiento por notable abandono de deberes se encuentra, proceso ante el Tribunal Electoral Regional de Coquimbo (TER), iniciativa de 4 Concejales presentada en abril de 2022. Esta acción tiene por objeto sancionar al Alcalde con la destitución e inhabilitación para cargos públicos por el lapso de 5 años o las que determine el TER.
En cuanto a responsabilidad penal, será determinada por la Fiscalía Local de La Serena, puesto que “la Contraloría dijo acá puede haber malversación de fondos, puede haber apropiación indebida” y lo derivaron a Fiscalía, que tiene por objeto sancionar penalmente a los involucrados como autores del delito de apropiación indebida.
La tercera responsabilidad es del tipo civil, que es la que persigue Contraloría ante el Tribunal de Cuentas: “lo que detecta es que por el pago de responsabilidades de multas, cobranzas, eso no se puede pagar con platas públicas: entonces eso se debe devolver”, dijo el concejal.
En este caso se solicita que los 6 requeridos paguen solidariamente el perjuicio causado a la Corporación Municipal a raíz del pago tardío de las cotizaciones previsionales y que significó un perjuicio de $242.647.634.
Monto total que debería asumir el Alcalde, mientras que los otros funcionarios involucrados deberían pagar montos entre los $126.107.568. y los $1.323.122.
“Este juicio funciona como cualquier otro, se deben presentar pruebas, los imputados deberán hacer sus descargos pertinentes” (…) “Estamos ante una situación donde efectivamente se ha incumplido con la responsabilidad que se tiene con la comuna ” recalcó el concejal.
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