CDE se querella por fraude al fisco durante gestión de ex-alcalde de Coquimbo

El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, y por todos aquellos posibles de acreditar durante el curso de la investigación, en que se indagan graves irregularidades que afectaron a la Municipalidad de Coquimbo.

Según información publicada por Diario El Día, la querella va dirigida a todos aquellos que resulten responsables de estos hechos, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito, tras el informe generado desde la Contraloría Regional el pasado 22 de marzo de 2021, en el que efectuó una serie de observaciones y dispuso, entre otras medidas, instruir sumario administrativo sobre determinados hechos.

Con posterioridad, el órgano contralor ha realizado seguimiento de las observaciones, algunas de las cuales fueron corregidas y otras que se mantienen.

Dentro de las observaciones efectuadas por la Contraloría Regional, algunas podrían generar responsabilidades administrativas y civiles, y otras podrían ser constitutivas de delitos, motivo por el cual se dedujo la querella.

El informe de Contraloría indica que durante el período auditado por el organismo (administración de Marcelo Pererira) a la Municipalidad de Coquimbo, se detectaron diversas irregularidades en las contrataciones para Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios.

Por otra parte, Contraloría determinó que funcionarios de planta y a contrata de la Municipalidad de Coquimbo mantenían contratos a honorarios para desarrollar dichas actividades, existiendo a su respecto doble contratación para la prestación de servicios a la municipalidad; y que, incluso, en algunos de estos contratos a honorarios, no eran para desarrollar actividades de Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios, sino que para gestiones internas de la municipalidad. Aún más, en otros, ejercían cargos de jefaturas, incompatibles con sus funciones dentro del municipio.

El Consejo de Defensa del Estado toma de igual manera las observaciones del órgano contralor sobre algunos casos como el del exadministrador de la Cruz del Tercer Milenio, Mauricio Gálvez González, quien durante los meses de junio a diciembre de 2019, se encontraba suspendido de funciones en virtud de una investigación sumaria, sin perjuicio de lo cual emitió las respectivas boletas de honorarios y se procedió a su pago, aun cuando no había llevado a cabo las labores encomendadas en su contrato.

En otros casos, en el período 2019 dos funcionarios, Rodrigo Carrasco Palta y Matías Rosello Claussen, registraron una contratación bajo la calidad jurídica de contrata por 22 horas semanales. Además, también se constató en la auditoría que cada trabajador tenía registrada una contratación a honorarios.

Ambos tenían en la obligación de efectuar “marcaje horario”, según lo dispone la cláusula quinta de los contratos a honorarios en cuestión, la que agrega que los atrasos e inasistencias injustificadas y el tiempo no trabajado serán descontados de su remuneración mensual.

Pues bien, de la revisión de los registros de control horario del sistema Tempo, la Contraloría comprobó que no tienen registro de asistencia en todo el año 2019, en circunstancias que, como se indicó, sus contratos de media jornada a honorarios obligaban a su registro. De la misma manera, consta que se les pagaron los honorarios convenidos.

Otro de los apuntados tanto por el informe de Contraloría como en el documento presentado por Consejo de Defensa del Estado es el entonces jefe de gabinete de Marcelo Pereira, Juan Carlos Rojas Pizarro, quien en diciembre de 2019 se nombró en calidad de titular del escalafón de jefatura grado 7” de la EUSM, y, paralelamente, se le contrató a honorarios en abril de 2020 para el “Programa de promoción de la confianza en la ciudadanía”, por el cual desarrolló actividades que se relacionaban con la función que desempeñaba en su cargo de planta como Jefe de Gabinete, percibiendo por dicho concepto la suma de $6.743.332.

La querella del CDE indica que los hechos investigados, en esta etapa, son constitutivos de fraude en perjuicio de la Municipalidad de Coquimbo, previsto y sancionado en el artículo 239 inciso 1 del Código Penal, en grado de ejecución consumado, considerando que todos los involucrados trabajaron para la Municipalidad de Coquimbo, en calidad de planta, contrata y/u honorarios.

“Son dichos funcionarios que, a la fecha de ocurrencia de los hechos, materia de esta querella, mediante maniobras fraudulentas y/o incumpliendo sus deberes de funcionarios, han defraudado y/o consentido que se realizaran pagos indebidos, defraudando de esta forma a la Municipalidad de Coquimbo, ocasionándole al municipio una pérdida, cuyo monto deberá ser determinado en el curso de la investigación”, manifiesta la acción legal efectuada por el Consejo de Defensa del Estado.

Sin embargo, la investigación de Contraloría, en su momento, acreditó un déficit de $25 mil millones de pesos.

Por último, según lo indicado por diario El Día, otro de los puntos señalados en la querella y que llaman la atención es el pago de 3 cenas que no guardan relación con los fines específicos de las municipalidades.