Con el objetivo de optimizar el proceso de resolución a las solicitudes de libertad condicional del segundo semestre, que se realiza en octubre de cada año, el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Felipe Pulgar, junto a la secretaria (s) Soledad Sepúlveda y la encargada de la unidad de gestión, Magaly Retamales, se reunieron con el director regional de Gendarmería, coronel Luis Muñoz y su equipo técnico, además del encargado del servicio de reinserción social del centro penitenciario Huachalalume, Carlos Rosales.
En la reunión, se coordinaron acciones de depuración respecto del informe sicosocial de cada interno que entrega el tribunal de conducta de Gendarmería a la Comisión de libertad condicional del tribunal de alzada, especialmente el caso del IGI (Inventario para la gestión del Caso/Intervención), que identifica el nivel de riesgo de reincidencia de las personas para establecer la intervención a realizar, y que –entre otros parámetros- sirve de base para la decisión de la comisión, y posteriormente, es un criterio que pueden consideran las salas de la Corte al momento de acoger o rechazar los recursos de amparo presentados por los internos.
“Tuvimos la posibilidad de evaluar los focos de acogimiento de los recursos de amparo que estableció la Corte en materia, por ejemplo, de actualización del IGI como criterio para el otorgamiento o no de este beneficio, y, en ese contexto es que se van a presentar las solicitudes de libertad condicional con el informe de Gendarmería con IGI actualizado al año en que se produzca la solicitud de libertad condicional, lo que va implicar, por tanto, responder al criterio establecida por algunas salas de este tribunal de alzada, en torno a la necesidad de contar con este informe de evaluación lo más cercano a la fecha de la solicitud”, indicó el ministro Pulgar.
Asimismo, se acordó revisar algunos formatos de informes que remiten los centros penitenciarios de Illapel y Ovalle, con el fin de elevar el estándar de éstos, y continuar con la entrega oportuna de los informes por parte de Gendarmería, de manera que puedan ser clasificados y subidos al sistema por los funcionarios de la Corte previo a su vista en la comisión.
Tanto el presidente del tribunal de alzada como el director regional Gendarmería, destacaron el trabajo de coordinación entre las instituciones. “Estas reuniones de retroalimentación y de ajustes, en definitiva a nosotros como institución también nos ayuda a mejorar nuestros procesos que tienen que ver con la libertad condicional, y también a la comisión para que puedan tener las mejores herramientas y tomar las mejores decisiones respecto a la libertad condicional”, indicó el coronel Muñoz.
En el primer semestre de 2023, la comisión que acuerdo a lo establecido por ley debe sesionar dos veces en el año y es integrada por un ministro, dos jueces de tribunal oral, un juez de garantía y la secretaria del tribunal de alzada que actúa como ministra de fe; analizó 380 solicitudes, correspondiente a internos de los centros penitenciarios de La Serena, Illapel y Ovalle, y fueron concedidas 10 (2,6%), mientras que se rechazaron 370 peticiones (97.3%).
Discussion about this post