Tras los cuestionados convenios entre reparticiones públicas y fundaciones que han sido noticia durante los últimos días en el país, Contraloría decidió paralizar la tramitación de la toma de razón de estos para recabar más antecedentes. Un mes después de este anuncio se dio a conocer un estado de avance de esta revisión y sus resultados afectan a una repartición de la Región de Coquimbo.
Así lo consigna diario La Tercera, que accedió al estado de avance del proceso, donde Contraloría ha revisado 34 convenios que habían sido congelados, de ellos 29 no cumplen con los estándares requeridos por lo tanto fueron declarados ilegales, estos corresponden a acuerdos suscritos el 2023. Cabe destacar que la “toma de razón” es una revisión para visar si corresponde o no el traspaso de fondos.
Estas resoluciones fueron declaradas ilegales porque no cumplían con las disposiciones establecida por Contraloría, los convenios no precisaban las actividades y objetivos, había falta de claridad de los ítem gastos, falta de distinción de la vigencia de los acuerdos y ejecución de actividades, entre otros.
En el listado de estos 29 convenios declarados ilegales por $13 mil millones entre reparticiones públicas y fundaciones, destaca una de la zona. Se trata del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza).
El otorgante del convenio fue el Gobierno Regional de Coquimbo al Ceaza por una suma de mil millones de pesos.
Cabe destacar que la declaración de ilegalidad del convenio significa que este vuelve a fojas cero. Es decir, se anula, y si las partes quieren volver a celebrarlo deben iniciar otro proceso de toma de razón, independiente si luego se decide abrir un sumario.
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