Corporación GGV se refiere a informe de contraloría por pago de sueldos a ‘trabajadores fantasmas’: “Genera un profundo rechazo”

La Contraloría General de la República dio a conocer a través de un informa una serie de irregularidades detectadas en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, en el que se indica que se habrían pagado casi $800 millones en sueldos sin justificación.

Por medio de un comunicado, la Corporación señala que “con fecha 19 de febrero del año 2024, hemos recibido el informe final N°809 de la Contraloría Regional de Coquimbo, respecto a auditoría realizada por pago de servicios a honorarios en el área de Salud del período comprendido entre el 1 de enero del año 2020 y el 31 de diciembre del año 2021”.

Explicando que el organismo “ha participado activamente en la entrega de información, respondiendo a más de 40 requerimientos realizados por la Contraloría Regional de Coquimbo. Lo recién expresado se complementa con investigaciones internas y sumarios administrativos que hemos ejecutado con anterioridad a la entrega de este informe final, los que derivaron en desvinculaciones de funcionarios (as), la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes y remisión de antecedentes al Servicio de Impuestos Internos por eventuales delitos tributarios”.

Agregan que “con fecha 2 de febrero del año 2022, nuestra institución presentó una querella ante el Ministerio Público en contra quienes resulten responsables por los delitos de fraude, estafa, y otros engaños, la que hemos ampliado en tres oportunidades, siendo la última ampliación con fecha 18 de diciembre del año 2023”.

Según sus declaraciones, la Corporación sigue realizando investigaciones internas para prestar colaboración con la Fiscalía.

“En cuanto a la deuda al fisco, nuestra institución suscribió, con fecha 24 de febrero de 2023, un convenio
con la Tesorería General de la Republica y, los antecedentes serán entregados al organismo fiscalizador
en los plazos estipulados”.

Indican que lo expuesto “genera un profundo rechazo por parte de nuestra institución. No es tolerable y es del todo condenable que funcionarios, ejerciendo un rol público y social, quisieran obtener beneficio personal, aprovechándose de la flexibilización en procesos internos que se dieron en medio de los momentos más duros de la alerta sanitaria por Covid-19, donde fue necesario contratar a más de 400 profesionales desplegados para salvar vidas, sin olvidar la atención a las más de 205 mil personas que se atienden en la Salud Primaria de La Serena, tarea ampliamente valorada por instituciones públicas, autoridades y la propia comunidad”.