El proyecto de ley que prorroga hasta el año 2027 el plazo para la regularización de derechos de agua en el mundo rural, consiguió su aprobación definitiva en el Senado, convirtiéndose en una nueva ley de la República. La iniciativa, de autoría del diputado Víctor Pino, “busca dar dos años adicionales para que los titulares de derechos de agua completen su regularización, un proceso que ha sido difícil para muchas familias, especialmente en zonas rurales”, señaló el legislador.
Para el parlamentario la importancia de esta nueva ley “responde a las necesidades del mundo rural, donde pequeños agricultores y comunidades han enfrentado obstáculos como la falta de acceso a tecnología, información y servicios adecuados para realizar los trámites. Este es un paso crucial para las familias rurales que dependen del agua para sus cultivos y su sustento diario. Muchos han sido excluidos de este proceso por factores ajenos a su voluntad, y hoy logramos darles un respiro”, afirmó el parlamentario.
El proyecto aprobado modifica la Ley 21.435, que reforma el Código de Aguas, y extiende el plazo original, que vencía en 2025, hasta el 6 de abril de 2027, para así garantizar que más personas puedan regularizar sus derechos sin la presión de una fecha límite inalcanzable.
El legislador también recordó que esta extensión no solo beneficia a los agricultores, “sino que también contribuye a dar justicia social, porque reduce las desigualdades que existen entre quienes cuentan con los recursos para regularizar sus derechos y quienes no”.
La nueva ley contempla la obligación de que los titulares presenten documentos adicionales para evitar sanciones futuras, y la obligación de que la Dirección General de Aguas (DGA) informe semestralmente sobre el progreso de las regularizaciones, medidas con las que se busca asegurar que el proceso sea transparente y efectivo para todos los involucrados.
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