La realización del Festival Ilumina que se realizará en la Región de Coquimbo próximamente nuevamente envuelve en la polémica al Gobierno Regional y la Gobernadora Krist Naranjo.
Este evento, recordemos, tuvo su primera versión en nuestra region durante el año pasado, dicho festival se caracteriza por ser un evento gratuito, en el cual se exhiben diversos espectáculos culturales, compañías de teatro, grupos musicales regionales de las tres provincias, Choapa, Elqui y Limarí, cabe destacar que es financiado por el gobierno regional.
Acá es cuando comienza la polémica, ya que en diversas ocasiones el departamento jurídico del gobierno regional advirtió a la gobernadora de una posible ilegalidad por la transferencia directa de mas de 300 millones de pesos a una organización de teatro, la cual esta encargada de llevar a cabo este festival.
Pero ¿Cuál es el problema? Esta transferencia de fondos públicos contraviene directamente a la circular 20, la cual tiene por misión regular como se invierten los dineros públicos, más aún con el tan comentado “caso convenios “ ya que esta circular introdujo una serie de cambios a las reglas para la entrega de fondos por parte del gobierno regional.
Sin embargo y a pesar de estas advertencias la gobernadora de igual manera dio curso a la transferencia directa de 305 millones de pesos a la organización comunitaria teatro puerto, la cual fue la encargada de realizar el festival el año pasado, momento donde no existía la circular 20.
A través de un comunicado de prensa, el Gobierno Regional indicó que “Respecto a la información publicada por el portal online www.interferencia.cl. Nos remitimos a señalar que la norma de la Circular Número 20, emanada en agosto por el Ministerio de Hacienda, no tiene reglamento legal y, por lo tanto, las observaciones que puedan realizarse son totalmente interpretativas”.
“El Gobierno Regional de Coquimbo no posee caso o convenio alguno investigado por Fiscalía o Contraloría General de la República relacionado alguna fundación, corporación, universidad, organización social o institución privada. En la actualidad, el ente contralor solo está ejecutando las auditorías anuales que son parte del proceso habitual que realizan todos los años. Aclaramos fehacientemente que no hay acto ilegal alguno. Todos los proyectos son sometidos rigurosamente a evaluaciones en distintas etapas donde se revisa admisibilidad, valoración técnica, inclusive con una mesa técnica-evaluadora con participación de organismos del Estado con expertis en las diferentes materias a tratar. Todo esto bajo documentos normativos que rigen cada proceso concursal, en este caso; Instructivo con toma de razón de Contraloría y reglamento de interés regional, ambos aprobados por el Consejo Regional (CORE)”.
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