Una compleja situación ocurrió esta semana en una audiencia de revisión de medidas cautelares por imputados que se encontraban en prisión preventiva desde noviembre del año pasado, que pertenecen al Tren de Aragua.
Sometidos a medidas cautelares menores, como arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional, quedaron cinco integrantes del Tren de Aragua que fueron detenidos por la PDI y la Fiscalía de Los Vilos, acusados de haber cometido varios secuestros entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso.
Este lunes se desarrolló una audiencia de revisión de medidas cautelares respecto de siete imputados, que se encontraban en prisión preventiva desde noviembre del año pasado, ocasión en la cual las defensas de cinco de ellos solicitaron cambiarla por medidas cautelares menos gravosas, ofreciendo, a cambio, pagar una caución de cinco millones de pesos.
Según El Mostrador, el asistente de fiscal que estaba en la audiencia (Luis Soto Pérez) dijo que se oponía a la modificación de las medidas cautelares, alegando el peligro para la seguridad de la sociedad de los detenidos y el peligro de fuga.
Sin embargo no habría aportado mayores antecedentes respecto de la peligrosidad de los sujetos (cuatro de ellos venezolanos, incluyendo a un sujeto que estuvo preso en la cárcel de Tocorón), para argumentar lo indicado.
Por esta razón, la jueza de garantía, Daniela Pinto, resolvió a favor de la defensa. Sin embargo, la magistrada dejó constancia de su molestia por la actuación del representante del Ministerio Público por lo cual, mientras se desarrollaba la audiencia, ordenó oficiar al fiscal jefe de Los Vilos, haciéndole presente que “el fiscal que se encuentra en dependencias del tribunal, a propósito de la revisión de la medida cautelar, no conoce cabalmente los antecedentes que motivaron las incidencias planteadas por las defensas“.
El asistente de fiscal tampoco apeló verbalmente, instancia que podría haber aprovechado al final de la audiencia, a fin de evitar la puesta en libertad de los imputados y transferir dicha decisión a la Corte de Apelaciones de La Serena.
La Fiscalía Regional confirmó que ingresó una apelación a la resolución.
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