Concejalas acusan que deuda en la Corporación es incalculable e insisten en responsabilidad política

Este miércoles finalizó el proceso de alegatos y la recepción de pruebas en el Tribunal Electoral Regional por la acusación de notable abandono de deberes contra el alcalde de La Serena, Roberto Jacob.

Fue en abril del año 2022, cuando un grupo de concejalas y concejales realizó el requerimiento ante una millonaria deuda previsional que existía en la Corporación Gabriel González Videla.

Tras esta audiencia, el tribunal ahora cuenta con 30 días para definir si acoge o no la solicitud de remoción contra el jefe comunal.

Las concejalas Rayén Pojomovsky y Daniela Molina, impulsoras de este requerimiento, mostraron su preocupación porque consideran que la deuda se ha incrementado considerablemente a través de los años.

Esto, con el detalle entregado por las dos instituciones que informaron la deuda que tiene el municipio. La AFP Hábitat detalló que al 31 de octubre de 2023 la Corporación adeudaba $6.098.095.738, mientras que AFC señaló que en diciembre de 2023 la deuda llegaba a $4.011.197.078.

Por otro lado, plantearon que existe una grave falta de datos, ya que también se ofició a Isapre Colmena, AFP Uno, AFP Capital, ACHS, IST, Caja Los Andes, Caja Los Héroes, Isapre Vida Tres, Caja 18 de Septiembre, La Araucana. Y ninguno respondió. Lo que hace incalculable el estado real de deudas que arrastra la Corporación.

La concejala Rayén Pojomovsky declaró que “es importante mencionar que la no entrega de información de parte de otras instituciones nos deja la duda y también la desconfianza sobre cuál es la real deuda que existe, cuando tan solo dos instituciones entregan esta información. Creemos que la deuda aumentaría cuando conozcamos la información completa. Esto es grave, porque no sabemos las condiciones en las que hoy día se encuentra la Corporación Gabriel González Videla y el municipio, en el entendido de la falta de transparencia y poca información que existe en este proceso”.

A su vez Daniela Molina señaló que se busca “entender qué es lo que sucedió todos estos años con estos pagos que no se hicieron  y darles respuesta primero que todo a las personas que se vieron afectadas con estos pagos que no se hicieron y también a la ciudadanía que espera que las autoridades cumplan con sus deberes”.  La concejala recalcó que “es importante que haya claridades, que se mejoren los procesos y se sancione a quienes afectan la fe pública”.