Desde hace unas semanas que los habitantes del Fundo Loreto, un condominio ubicado en la localidad de Altovalsol, tiene a los residentes de más de 700 loteos en conflicto con la administración por el tema del agua.
Los propietarios se han estado movilizando y manifestando porque hay algunos que aseguran haber estado hasta seis días sin agua, explican que se niegan a pagar por ella, ya que compraron con derechos.
El problema se habría generado por los cambios en el sistema de cobro de agua potable, ya que los propietarios están en desacuerdo con los términos de la nueva empresa de producción y distribución del suministro.
Se trata de una empresa contratada por la Administradora Altovalsol SPA, que operaría con una nueva modalidad, el cobro directo del consumo del recurso hídrico a cada parcelero de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos que utiliza y no a la administración, que era como se hacía hasta septiembre de este año.
Según explicó el abogado y representante de Administradora Altovalsol SPA, John Hunter, “el trato era que la empresa cobrara de forma directa los costo de operación al que quisiera consumir el agua, por lo tanto se hizo la oferta, se explicó en una asamblea con más de 100 personas y lo aceptaron así las personas que estuvieron en esa asamblea que se hizo abierta a toda la comunidad”.
Eso quiere decir que solo quienes estén dispuestos a aceptar estos nuevos términos tendrían derecho a agua potable.
La génesis del cambio de empresa potabilizadora
Hunter indicó que la empresa Aguasin era la que antes realizaba el trabajo de potabilización y tratamiento del vital elemento.
Esto era facturado directamente a Administradora Altovalsol SPA por un monto que rodea los $30 millones mensuales y correspondían solo al concepto de agua (considerando el pago del operador, energía e insumos, cloro y cobre).
“Esa plata es financiada por la cuota de gasto común que debía pagar cada parcela, que son los $50.000, como muchas parcelas no pagan por distintos motivos, no se alcanzaba a cubrir la factura generando una deuda al día de hoy con Aguasin de cerca de $50 millones” explicó el abogado.
La deuda correspondería a saldos pendientes de los meses de junio ($15.155.578), julio ($14.644.374), agosto ($14.555.128) y septiembre ($5.709.980), los que en total suman $50.065.064.
“De 700 personas que deberían pagar gastos comunes, 100 personas están pagando gastos comunes, y la suma de eso son $5 millones y los costos, sólo de la operación del agua son cerca de $35 millones, entonces se estaba generando una bola de nieve que no se podía parar por eso se eliminó, se separó”.
Esto habría provocado que la administración cambiara el modelo de cobro de agua y le pidiera a la empresa potabilizadora que realizara el cobro del servicio al propio usuario, esto de acuerdo al consumo de cada uno y no que así no se le facturare a la administradora.
Aguasin no aceptó esos términos y el contrato finalizó el 15 de septiembre, por lo que la administración buscó una empresa que debía ser especializada en el proceso, con los permisos correspondientes y supervisada por el Ministerio de Salud.
Otra de las razones que Hunter mencionó, es que hay parcelas no habitadas donde no se consume agua, por lo que buscan que cada uno pague lo que utiliza y que así no se provoque una especie de “subsidio”.
Derechos de agua
Un cobro que los propietarios se niegan a aceptar, ya que argumentan que compraron sus terrenos (1/2 hectárea) con derechos de aguas, así como con título de dominio con acciones hídricas del canal San Pedro Nolasco y El Romero, lo que está estipulado en los contratos de compra-venta y el reglamento de co-propiedad.
Es por eso que los vecinos manifiestan que la empresa no debería cobrarles el vital elemento.
Una explicación que Hunter discute y asegura que existe una confusión con el uso de las aguas.
“A quienes (los propietarios) ellos le hayan comprado (los terrenos), porque no todos pueden haber comprado al loteador original, le compraron una cantidad de 0,1, o 0,2 acciones de agua de riego del canal Pedro Nolasco o del canal El Romero”.
Señala que al comprar los terrenos con acciones de agua, éstas corresponden a derecho de agua de riego y para hacer uso de ese derecho, la persona debe inscribir las acciones en el registro de agua del Conservador de Bienes Raíces.
Luego de eso debe ir a la Asociación de Canalistas respectiva para ejercer el derecho de canal, “con eso tienes que hacer todas las obras necesarias para llevar las aguas desde el canal a tu parcela a tu costo (…) y pagar la cuota de canalista, la cuota de limpieza de canal, coordinar para que te entreguen el agua cuando corresponde”.
Aclaró que el agua que pasa por la planta de tratamiento de potabilización corresponde a acciones distintas a las acciones de agua los propietarios compraron, las que también pasan por el canal que abastece a todas las parcelas.
“Recalcar que el agua que se está utilizando en el tratamiento de potabilización es distinta al agua que compraron para riego, son dos conceptos distintos”.
“Por el canal San Pedro Nolasco van 800 y fracción acciones de agua y por el canal El Romero van 1.300 acciones, es decir no es exclusivo ni de Altovalsol SPA ni de los parceleros que viven en el fundo, nosotros usamos 40 acciones del canal El Romero, 40 acciones del canal Pedro Nolasco y 120 acciones del tranque Puclaro, en total suman 200 acciones”.
Cortes del suministro
Propietarios del loteo “Cebada 1” aseguran haber estado hasta seis días sin el suministro porque no han querido firmar el contrato con Northern Water SpA, el que contendría los nuevos términos y cobro del agua.
Una medida que ven como forma de presión para que acepten el cobro, además de otras acciones que indican ha tenido la empresa y la administración, como impedir que ingrese el camión de recolección de la basura al condominio.
“Todos nosotros tenemos derecho de aprovechamiento de agua del canal San Pedro Nolasco (…) pero esas instalaciones ahora, están siendo administradas por un tercero, con el que no tenemos relación. Ellos nos cortan el agua y hacen presión, por la sencilla razón de que ellos instalaron una empresa para cobrarnos el agua y resulta que ésta es de nosotros” afirmó a La Región, Luis Salazar, propietario en el loteo “Cebada 1”.
Sin embargo, esta no habría sido la primera vez que se le corta el suministro a un habitante del condominio, uno de los primeros afectados fue Eduardo Michea, propietario que desde el 2007 reside en la “Cebada 2” y a quien, junto con un vecino, la administración le cortó el suministro el 2 de junio del año pasado,
El 3 de junio interpuso un Recurso de Protección que fue acogido y el que pasó a la Corte Suprema la que sentenció que la empresa debía reponer el agua a ambas parcelas, Michea afirma que eso aun no se cumple y hasta hoy permanece sin agua.
El nuevo modelo en el cobro de agua
Actualmente cada parcelero debe pagar un monto de $50 mil en gastos comunes el que incluye el derecho a agua potable, sin embargo con este nuevo modelo, los gastos comunes bajarían a $20 mil y el agua potable se pagaría directamente a la empresa de acuerdo al consumo de cada uno.
“Lo que propuso la empresa son $15 mil como precio base y dentro del precio base van incluidos 20 metros cúbicos (…) después de eso se empezaría $900 por metro cúbico (…) los valores que estableció la empresa es producto de un estudio del costo de producir agua potable para ese sector porque hay varios items” explicó Hunter.
Con los $20 mil restantes de gastos comunes se cubrirían los gastos de guardias, porteros, administración, mantención de caminos y extracción de la basura.
Cabe señalar que el fundo está compuesto por los loteos “La Cebada 1”, “La Cebada 2”, “El Maitén”, “El Angelino”, “Los Nogales”, “San Luis”, “Los Silos”, “El Mirador” y “Las Brisas”.
De acuerdo a John Hunter los propietarios no están obligados a tener relación con Northern Water SpA, pero de ser así, no contarían con el suministro de agua potable.
Un conflicto que aun no tiene solución ni acuerdo entre las partes, pero que tiene preocupados a los vecinos que se han visto afectados con cortes de agua por días y dicen sentirse presionados por la empresa para que acepten los acuerdos de pago por el recurso hídrico potabilizado.
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