Un llamado a denunciar los casos de robo de cables conductores de la red eléctrica realizó la distribuidora CGE a la comunidad, ante el aumento de este tipo de delito que se ha registrado durante los últimos meses en la región.
Desde mediados de 2018 se han generado cuatro hechos en las comunas de Andacollo, La Serena, Ovalle y Combarbalá, hurto de 8.525 metros de red y que dejaron a 8.941 familias sin energía.
El caso más preocupante se generó el 18 de diciembre pasado, en el sector de Las Compañías, donde personas ajenas a la compañía accedieron a una cámara subterránea de media tensión, interviniendo las instalaciones sin autorización, lo que provocó que más de 8.000 familias fueran afectadas por un corte de suministro.
El robo de cables o conductores eléctricos es un delito, y como tal puede ser perseguido penalmente ante la justicia. Además, la manipulación de las instalaciones por personal no autorizado es un peligro para la seguridad de las personas y la continuidad del suministro.
A nivel industria, el 13% del total de interrupciones de suministro es provocado por accidentes en las líneas, como choque a postes, robo de conductores o intervención de las instalaciones por parte de terceros no autorizados.
Como acciones inmediatas en cada caso, se han generado las denuncias correspondientes con el fin de seguir acciones legales.
Al respecto, el Seremi de Energía indicó que “desde abril de 2018 levantamos la mesa de robo de cable conductor, porque entendemos que más que entregar la empresa el suministro a la población, en realidad es cumplir con lo básico y necesario para cada una de las familias, recordando que existen personas para quienes la continuidad de la energía eléctrica es fundamental para sus vidas”.
El Gerente Zonal de CGE Coquimbo, Pablo Salinas, afirmó que “el robo de conductores afecta a toda la comunidad, ya que provoca interrupciones en el suministro eléctrico y puede afectar la seguridad de las personas, causando accidentes, incluso con resultado de muerte, para las personas que manipulan las instalaciones sin autorización. Hacemos un llamado a la comunidad a denunciar cualquier intervención no autorizada en las instalaciones, con el fin de minimizar el riesgo a las personas”.
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