Este lunes, un helicóptero de la empresa Ecocopter cayó a tierra en las cercanías de Quilpué, cuando trasladaba a trabajadores que participaban de la construcción del tendido eléctrico de la megalínea de transmisión eléctrica Cardones-Polpaico.
Sus 6 ocupantes fallecieron, dos de ellos lograron sobrevivir al impacto pero perdieron la vida antes de que los equipos de rescate llegasen al terreno escarpado y de difícil acceso. La tragedia se instalaba pero lamentablemente, no es el único hecho en el que se ven involucrada la empresa eléctrica que ha sido cuestionada por sus trazados y por sus formas de trabajo.
En septiembre del año pasado un trabajador falleció instalando una torre en la localidad de Limache ; mientras que en octubre capotó tambien en la comuna de la región de Valparaiso,un helicóptero que transportaba carga.
Autoridades de la Seremi del Trabajo de la Región de Valparaíso señalaron que: “se cursaron multas por el accidente del fallecido como helicóptero accidentado (ocurrido en 2018)” y la DGAC también investiga este accidente, cuyos resultados pueden estar en un plazo de seis meses a un año.
InterChile, filial de la colombiana ISA sigue teniendo problemas en Chile. El proyecto de US$ 1.000 millones busca la inyección de energía proveniente principalmente de generación renovable para el suministro de clientes finales. El inicio de sus operaciones ha tenido un retraso de un año y medio debido fundamentalmente al bloqueo de los terrenos para culminar las obras. Comunidades y privados se han opuesto a la entrada de la empresa en sus paños para que se instalen las torres.
Es por estos “bloqueos” que la empresa aprovecha vacíos legales y ocupa el espacio aéreo para transportar trabajadores por sobre los pasos de servidumbres y realizar sus trabajos. En nuestra región los casos referidos son numerosos y el trazado no está excento de problemas, sobre todo por las dudas de las comunidades en cuanto a su seguridad, los peligros de estar expuestos al mismo y a la poca información entregada por autoridades de gobierno.
Sin embargo, los conflictos con las comunidades no son las únicas barreras. El gobierno a principios de marzo, ejecutó el cobro de boleta de garantía por US$2,6 millones por el retraso de más de un año del proyecto. Ante esto, la empresa recurrió a la justicia para invalidar dicho cobro. Sin embargo, la multa podría ser aún mayor, ya que por cada día de atraso esta crece US$190 mil. La empresa justifica que se debe por “fuerza mayor”, no especificando los inconvenientes y no generando instancias de diálogos con las comunidades que incluso han denunciado el ingreso a sus lugares de manera irregular, cortando cadenas y deserrajando candados de lugares privados.
La nueva puesta en marcha de Cardones-Polpaico debería ser este 11 de junio.
Foto de portada: Referencial
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