Sacerdote de Illapel es acusado por abuso a menor de edad

El prelado de Illapel suspendió al presbítero Renato Riveros después de la información emanada por Fiscalia que el sacerdote fue acusado de presuntamente haber cometido abusos sexuales a un menor, según se  informó a través de un comunicado.
El documento señala que: “El obispo prelado Jorge Patricio Vega fue informado que el presbítero Renato Riveros Silva ha sido acusado ante la Fiscalía por abuso a un menor de edad”. La Prelatura de Illapel, “ha decretado el inicio de una investigación previa” sobre la denuncia contra Riveros como lo establece el Código de Derecho Canónico y el protocolo de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) para tratar las causas de abusos sexuales a menores.
El oriundo de Temuco, se consagró sacerdote hace 9 años en la misma zona, antes de ello fue diácono en tránsito y tiene una destacada participación en la comuna hasta la fecha.
El ente clerical de la región determinó lo siguiente de manera inmediata: “Como medida cautelar se ha suspendido al mencionado presbítero del ejercicio del ministerio sacerdotal”. Asimismo, la prelatura confirmó su disposición de colaborar con la Justicia civil que investiga el caso contra el sacerdote. “La Iglesia católica rechaza todo daño a niños, niñas y jóvenes” agregaron.
El fiscal nacional Jorge Abbott, informó a finales de abril de que las causas abiertas por abusos sexuales en el interior de la Iglesia católica chilena han aumentado a 166, y las víctimas a 248, de las que 131 eran menores de edad al sufrir los delitos, mientras las personas relacionadas con el clero que son investigadas suman 221.
Entre estas últimas hay 10 obispos, 152 sacerdotes, 9 diáconos, 15 laicos, 8 personas de las que no se dispone información y 27 pertenecientes a órdenes o congregaciones sin ser clérigos.
Esta misma semana, la Fiscalía Nacional anuló un convenio de colaboración suscrito el pasado 30 de abril con la CECh para indagatorias relacionadas con clérigos involucrados en casos de abusos sexuales y reconoció que la decisión obedeció a una serie de críticas desatadas por el convenio, principalmente de agrupaciones de víctimas.