Formalizan caso de producción y almacenamiento de pornografía infantil en Salamanca

Hace algunas semanas salió a la luz pública un caso de pornografía infantil que estaría ocurriendo en la comuna de Salamanca. En la ocasión, fue un medio local que difundió la información, donde indicaban que el empresario radial, Roy Canales, estaba siendo acusado por una de las supuestas víctimas de fotografiar y grabar videos con connotación sexual a menores de edad.
La denuncia del caso habría llegado a manos de una de las funcionarias de la Oficina de Protección de Derechos Infanto-Juveniles del municipio de Salamanca, la psicóloga Karla Settra, quien indicó que a la municipalidad de la comuna llegó un pendrive de forma anónima y con una nota que mencionaba a Canales como su autor y que en su interior tenía fotografías y videos de jóvenes desnudos y semi desnudos.
Ese habría sido el primer paso que inició la investigación, la denuncia de Settra en la Brigada de Investigación Criminal de Ovalle.
Hoy hay nuevos antecedentes del caso, porque la Fiscalía de Illapel formalizó la investigación al imputado, el empresario Roy Canales, por su participación como presunto autor de los delitos de producción y almacenamiento de material pornográfico infantil.
El fiscal de Illapel, Andrés Villalobos, dijo en la audiencia que el sujeto mantenía el material “en su poder y finalmente ese material llegó a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, OPD de Salamanca y finalmente quedó en poder en el Ministerio Público, luego que denunciara una funcionaria de dicha oficina”.
Se trataría de cuatro víctimas, dos en el año 2011, una en el 2013 y finalmente en el año 2016, todas menores de edad al momento de los hechos, según la investigación.
Tras la formalización de la investigación, el fiscal solicitó medidas cautelares contra el sujeto, las cuales fueron otorgadas por el Tribunal de Garantía, que consisten en arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a las víctimas.
“El tribunal entendió que se encontraba acreditada la existencia del delito y presunciones de participación del imputado, quien según las propias víctimas las contactó luego de iniciada la investigación para que mintieran en razón de su edad y señalaran que las fotos se las tomaron cuando eran mayores de edad, cuestión que hizo presente el Ministerio Público para entender la importancia de las cautelares solicitadas”, agregó el fiscal Villalobos.
En la audiencia, la defensa de Canales cuestionó el origen de la evidencia (pendrive que contenía las imágenes) y la edad de las víctimas, sin embargo Villalobos señaló que el material probatorio acreditó ante el Tribunal que las víctimas eran menores de edad al momento de los hechos.
El Tribunal fijó la investigación en un plazo de 90 días donde la Fiscalía tendrá la tarea de buscar evidencia tecnológica y donde se requerirá de la declaración de una víctima que no ha querido prestar testimonio.
En cuanto a que existan otros partícipes de los hechos, el fiscal dijo que por ahora no hay antecedentes a esta altura de la investigación que permita establecer a personas distintas en la producción y almacenamiento del material, lo mismo en la comercialización o distribución del material.