Condenan a 7 sujetos por tráfico de drogas en la región

Altas penas por diversos delitos dictaminó el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, luego de ponderar los antecedentes de la investigación que llevó a cabo la Fiscalía y la Brigada de Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI por tráfico de drogas.
La investigación permitió establecer que al menos desde enero del año 2019, los acusados chilenos desarrollaron desde Coquimbo coordinaciones para internar grandes cantidades de droga a la región, ello a través de diversos métodos, uno de estos la utilización de correos humanos o personas con ovoides drogas en su sistema digestivos.
El tribunal oral impuso sentencias al imputado J.J.A.P., por su responsabilidad de tráfico de drogas, posesión ilícita de arma de fuego, posesión ilícita de municiones. Fue condenado a 15 años un día por el primer delito, luego a 7 años y 5 años por dos delitos de posesión ilegal de arma de fuego y otros dos años por posesión ilícita de municiones.
Su compañera Y.M.M.V., fue sentenciada a 10 años un día por tráfico de drogas; 5 años un día y tres años un día por dos delitos de posesión ilícita de arma de fuego y a 541 días por posesión ilícita de municiones.
Ambos son de nacionalidad chilena, mientras que las acusadas N.S.S., L.CH.L., A.CH.L., D.D.V.R. y C.M.C., de nacionalidad boliviana, fueron sentenciadas cada una a la pena de 10 años un día por tráfico ilícito de estupefacientes.
“Este delito se realizaba de manera bastante particular por cuanto se encontraban coordinadas para recibir extranjeros que traían drogas al país, disponer de varias causas de seguridad para recibirlos, obtenían la droga, la abultaban con procesos químicos y la comercializaban en distintos lugares de la comuna de Coquimbo”, dijo el fiscal.
“Hay que considerar que las penas aumentan cuando hay armas que se encuentran con sus números de series borrados”, agregó.
EL Tribunal rechazó las alegaciones de la defensa de los dos primeros imputados, representados por el abogado Carlo Silva y de las bolivianas, representadas por el abogado Alejandro García de la Defensoría Penal Pública, en torno a las absoluciones de sus representados