El 21 de noviembre un grupo de personas saquearon y quemaron las dependencias del centro odontológico perteneciente al Hospital de Coquimbo, afectando a más de 500 pacientes.
Por este hecho, el Ministerio del Interior, a través de la Intendencia de Coquimbo, se querelló contra los responsables, invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Se trata de J.L.G. y de J.D.V. quienes, según determinó la Corte de Apelaciones de La Serena, continuarán en prisión preventiva.
“Estamos ocupando todos los recursos jurídicos para castigar con todo el peso de la Ley a estos violentistas. Aquí la justicia debe funcionar, y como Gobierno no vamos a permitir que los delincuentes ganen. Para eso estamos recopilando todas las pruebas, fotografías, videos y todo lo que sea necesario para identificar y procesar a estas personas y no vamos a detenernos para sancionarlos como corresponde”, sostuvo la Intendenta Lucía Pinto.
Y es que pese a la solicitud de libertad que había presentado la defensa de los imputados, la falló de la Corte de Apelaciones indicó que se “comparten los fundamentos” y justifica la “imposición de la medida cautelar de prisión preventiva”, resolución en la que fue clave el trabajo jurídico del Gobierno, el que presentó una serie de argumentos y pruebas.
Hasta la fecha, por las situaciones de violencia, el Gobierno en la Región de Coquimbo se ha querellado contra 90 personas por los daños registrados a la infraestructura y los distintos hechos de violencia que se han dado tras las manifestaciones ciudadanas, invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado.
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