Denuncian ocupación ilegal de terrenos fiscales en borde costero de la región

Un informe de Contraloría denunció la presencia de múltiples terrenos fiscales del borde costero con ocupación ilegal o de forma irregular, que fue dado a conocer en un reportaje del canal de televisión Mega.
El documento corresponde a una auditoría realizada por Contraloría en 2019 y que notificó a los diferentes organismos involucrados. Entre los principales resultados destacan terrenos ocupados ilegalmente en el borde costero de diferentes localidades de la región, además Bienes Nacionales ni Gobernación Marítima no cuentan con un catastro actualizado de ocupaciones ilegales e irregulares.
En una de las conclusiones se constató que en la localidad de Totoralillo Norte, La Higuera, existen 112 ocupantes que no mantienen ninguna de las condiciones señaladas en el artículo 19, inciso segundo, del decreto ley N° 1.939 que indica que “los bienes raíces del Estado no podrán ser ocupados si no mediare una autorización, concesión o contrato”.
La Seremi de Bienes Nacionales, Gianinna González, señaló a Diario El Día que en este caso son 2 las instituciones que fiscalizan estos casos, la Gobernación Marítima en la faja de 80 metros desde la línea de marea más alta de la costa y Bienes Nacionales.
“Nosotros hemos ido a fiscalizar dos veces y en principios de diciembre del 2019 fuimos nuevamente y nos encontramos con un pueblo absolutamente abandonado, porque se dice que la gente vive ahí pero según nuestros fiscalizadores se está ocupando como un lugar para época estival (…) Como está emplazado en propiedad fiscal, como Seremi ya he tenido dos audiencias con ellos junto con el abogado y les explicamos todo el proceso porque ellos querían postular a un título de dominio pero nosotros no podemos, según el Decreto Ley 2695 no se puede regularizar en propiedad fiscal ni tampoco agrícola”, señaló la Seremi.
La Armada es el otro ente que tiene facultades sobre terrenos fiscales, siempre que se encuentren dentro de la franja de los 80 metros. El Gobernador Marítimo (s), René Moraga, explicó al medio regional que la Armada de la zona tiene atribuciones de carácter administrativo en estos casos, donde cuentan con la facultad de notificar y de revisar que exista o no cumplimiento de la norma para luego derivar los procesos a los entes correspondientes.
“Por nuestra parte nosotros hicimos todas las etapas administrativas y ellos están con un recurso de reposición del acto administrativo”.