- Quién es y a qué se dedica
Nathaly Olivares Bignani de 35 años, candidata a constituyente de la lista Independientes del Apruebo, es psicóloga organizacional con magister en liderazgo y comunicación. En la actualidad se desempeña como directora de una empresa de desarrollo de talentos y organizaciones, actividad que complementa con el rol de docente y conferencista a jóvenes de enseñanza media, universitarios y adultos, promoviendo contenidos en función del talento, empleabilidad, desarrollo personal y emprendimiento, instancias que ha desempeñado en la zona norte y en Argentina.
Situaciones personales que ha marcado su vida y le han permitido visualizar sentires y pesares entorno a la discriminación, el abandono del Estado frente a la enfermedad y vejez, son la muerte de su hermano debido a un crimen homofóbico, la muerte de su padre por cáncer y la situación de su madre que se encuentra postrada, a quien cuida personalmente desde hace 3 años.
- ¿Por qué se presenta como candidata constituyente? ¿Cuál es su interés en redactar una nueva constitución?
Mi participación en la Convención Constitucional tiene relación con representar un mensaje asociado a la nueva manera de hacer política, bajo principios de transparencia, de participación constructiva, cruzadas con igualdad, inclusión y regionalismo, las que sostienen aquello que nos ha permitido configurar este espacio constituyente. Por una nueva Constitución que se haga cargo de las demandas sociales y la construcción efectiva de un Estado democrático y social: con derechos sociales garantizados, descentralizado: HACIA EL ENCUENTRO CON LA DIGNIDAD.
El motor de esta candidatura es ser puente entre las motivaciones, luchas y sentir ciudadano a la Convención Constitucional, entendiendo que es un espacio colectivo y no una aspiración personal.
- ¿Qué piensa sobre incluir derechos relativos a la mujer, incluyendo los reproductivos y para los pueblos indígenas?
Es necesario garantizar expresamente la igualdad de género, avanzando desde lo político hacia lo económico, de modo que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades de participar en la vida social. Es necesario también explicitar el reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía personal, lo que garantizará a todas las personas la libertad de decidir sobre su propio cuerpo. Asimismo, creo que es fundamental que se establezca el deber del Estado de incluir una perspectiva de género en las políticas públicas.
Con relación a los pueblos indígenas, éstos deben ser reconocidos en la Constitución: debemos consagrarnos como un Estado Plurinacional. A partir de ello, debe contemplarse la protección de su identidad cultural, el reconocimiento de las instituciones políticas de los pueblos indígenas como poderes públicos y la consagración de su especial relación con la tierra y los recursos naturales como fundamento de su forma de vida.
- ¿Qué aspectos deberían considerarse para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad?
La Constitución debe reconocer la discapacidad como una circunstancia de vida que obliga al Estado a actuar y a la ciudadanía a hacerse cargo, de modo que toda persona, independientemente de sus capacidades, pueda realizar su proyecto de felicidad en sociedad. A partir de ello, se debe contemplar las necesidades de las personas con discapacidad en materia de salud, educación, seguridad social, accesibilidad física y empleabilidad, de modo de remover los obstáculos que hoy dificultan a este sector de la sociedad a realizarse plenamente.
- ¿Cree necesario que los principios del modelo económico del Estado estén consagrados en la Constitución?
Una nueva constitución debe permitirle gobernar a toda coalición política que sea democrática, respetuosa de los derechos humanos y que considere el bien común como el fin principal del Estado. Por ello, no es prudente consagrar principios de un determinado modelo económico, como lo hace la actual Constitución. No obstante ello, sí es imperativo fortalecer el rol redistributivo del Estado, la no discriminación arbitraria económica y consagrar el libre desarrollo de iniciativas económicas, pero en un marco de Estado Social y Solidario y no subsidiario como el actual.
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