Este lunes de 9 agosto la última sesión con invitados de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso denominado Papaya Gate, se realizó sin la presencia de los convocados, puesto que Nicolás Bakulic Govorcin, Manuel Daire Daud y Lorenzo Iduya, principales socios de las inmobiliarias que vendieron los terrenos al Gobierno Regional para la construcción del Complejo Deportivo San Ramón, no aceptaron la convocatoria y sólo dos de ellos presentaron sus excusas a la comisión parlamentaria.
Las excusas presentadas por Nicolás Bakulic, aducen que “la fiscalía está cursando una investigación por estos hechos, de modo que estimo que debe dejarse el esclarecimiento de los mismos, a los organismos competentes y tribunales de justicia, organismos con los cuales colaboraré en caso que me sea requerido, en razón de ello creo necesario desestimar la invitación”.
Por su parte Manuel Daire Daud se excusó señalando: “declino la invitación formulada porque mi voluntad es colaborar para que se esclarezcan estos hechos, pero dado que actualmente se encuentra en curso una investigación penal llevada a cabo por la fiscalía, creo que cualquier colaboración debe ser presentada ante dicho organismo y ante los tribunales de justicia”.
El tercer convocado como dueño principal de las inmobiliarias involucradas, Lorenzo Iduya, no respondió a la invitación.
El presidente de la comisión investigadora diputado regional Daniel Núñez, explicó que se había decidido citar a los tres principales dueños de las inmobiliarias “considerando relevante que son quienes al final reciben la plata del Gobierno Regional”. Núñez manifestó que lamentaba mucho que no participaran, “porque el mismo Consejo de Defensa del Estado daba cuenta que hay sociedades cascadas que incluso llegarían a un familiar de José Cáceres, ex Administrador Regional” (…) “La duda es si Pablo Bracchitta, el gerente de las inmobiliarias actuó por su cuenta de manera totalmente independiente o si lo hizo concertado con los dueños de las inmobiliarias, si Bracchitta quien está querellado por el CDE, actuó por orden e instrucciones de los dueños, ellos también deberían ser querellados por el fraude al fisco que hoy se está investigando”, sostuvo.
Además estaban invitados a esta instancia el Contralor General, Jorge Bermúdez, que ya participó en la primera sesión de esta comisión, quien se excusó por razones de agenda impostergables, comunicando que existe un sumario en curso sobre la materia, cuyos antecedentes por el estado de la tramitación son reservados.
Otro de los convocados a esta última sesión era el Fiscal Nacional Jorge Abbott, quien excusó su participación aduciendo que las materias que ocupan a la comisión son indagadas en una investigación penal actualmente desformalizada y en consecuencia no es posible aportar antecedentes que aporten a los objetivos de la investigación.
Últimas acciones y solicitudes
Antes de pasar a la sesión en que se elaborarán las conclusiones de esta comisión para someterlas posteriormente a votación, se acogió la propuesta del presidente de la instancia, Diputado Núñez, de solicitar al Ministerio Público y a la Fiscalía de Valparaíso mediante un oficio que cite a declarar a los tres dueños de las inmobiliarias que estaban invitados a esta sesión y no asistieron “para que entreguen toda la información que poseen a la justicia y aclarar las dudas razonables que surgen en esta investigación, ya que ellos mismos han declarado que la justicia no los ha citado aún”.
Núñez agregó “quiero hacer un llamado a que los dueños de las inmobiliarias para que de mutuo propio decidan resarcir el contrato y devuelvan los dineros que ellos recibieron, porque yo tengo la convicción, con todos los antecedentes que han surgido en esta comisión investigadora, que esos dineros fueron mal habidos, que se pagó un sobreprecio por los terrenos, que hubo una serie de irregularidades en el proceso administrativo”.
Además se acordó solicitar una entrevista mediante la ley del lobby al Fiscal Nacional Jorge Abbott, para hacer entrega de los resultados de las conclusiones la investigación de la comisión, “no sabemos cuantos meses van a pasar antes de que estas conclusiones se voten en la sala, pero una vez votadas me parece importante, porque la querella del CDE es muy clara respecto a los antecedentes contundentes que hay de la existencia de un fraude al fisco”, declaró el presidente de la instancia.
Por su parte los diputados que estuvieron presentes en la sesión también manifestaron sus apreciaciones. Pedro Velásquez señaló con respecto a los empresarios dueños de las inmobiliarias involucradas en este caso: “yo fui alcalde por 14 años en Coquimbo y conozco a los 3 empresarios que han hecho un desarrollo importante en la región como el primer edificio importante en la playa changa, el barrio industrial; desde mi punto de vista son personas que son empresarios, comerciantes, indudablemente que ellos vieron en esto un negocio más de los tantos que tienen”. Velásquez hizo referencia al de juicio donde fue destituido como alcalde por fraude al fisco, señalando que en esa ocasión se le preguntó a la jefa de tasaciones del desde el SII cuál era el valor que debía cobrarse por un terreno y “dijo que no existía un valor determinado para poder comprar, es decir se puede vender el terreno al precio que yo quiera, pero el responsable es el que compra, siempre que sea del sector público, los empresarios pueden vender al valor que ellos quieran, aquí hay una responsabilidad de los funcionarios públicos”, concluyó.
Matías Walker, diputado regional de la Democracia Cristian señaló al finalizar este proceso “yo creo que estamos en condiciones de trabajar ya en las conclusiones del trabajo de esta comisión, cuyo principal objetivo es fiscalizar las acciones de gobierno, me parece pertinente llevarlas tanto al fiscal nacional como al presidente subrogante del CDE. Están claras las responsabilidades que pueden dar pie a una formalización por parte del Ministerio Publico, considerando el sobreprecio de los terrenos y la forma en que estos funcionarios burlaron la toma de razón por parte de Contraloría”.
Marcelo Díaz, otro de los diputados integrantes de la comisión manifestó “yo voy a defender siempre la presunción de inocencia, pero al menos a mi me genera sospecha la forma en que los particulares se han movido ,yo no podría acreditar después de esta investigación de que son per se inocentes, eso tendrán que decretarlo los tribunales, aquí es altamente probable un concierto entre funcionarios públicos y particulares para defraudar al fisco”.
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