Una nueva demanda por daño ambiental fue admitida a trámite por el Primer Tribunal Ambiental. Se trata de una causa interpuesta por Carlos Herrera Toledo, vecino de la comuna de Paihuano sector de Alcohuaz en la Región de Coquimbo, en contra de un particular a quien se le acusa de daño ambiental por diversas faenas que se llevan a cabo en un predio del sector.
En su escrito el demandante explica que el empresario, propietario de los terrenos en los que se efectúan las obras, ha llevado a cabo el retiro de grandes cantidades de piedras para realización de caminos internos dentro de su propiedad, además de la tala, corte y destronque de material xerofítico (especies autóctonas).
“El actuar deliberado del demandado ha derivado en la destrucción, alteración, menoscabo y transformación irreparable a la geografía, ecosistema y biodiversidad del lugar”, estipula el escrito.
También, la demanda releva que en el lugar se puede encontrar flora que está en categoría de conservación como quiscos, copaos y el denominado asiento de suegra. Además, de bosque nativo de preservación protegidos por la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, como espino, huañil y suculentes; además de arbustos como leñosos altos y bajos; y otras especies autóctonas, “siendo esta la vegetación que estaría sufriendo el daño”, dice el demandante.
Además, se explica que se está en presencia de suelos “sumamente frágiles” y que la intervención sin tratamiento alguno “se traduce en un alto riesgo de deslizamientos y procesos aluvionales ante la posibilidad de lluvias o nevazones.
Se acusa también, del uso de maquinaria pesada para el retiro de grandes cantidades de roca de gran tamaño lo que -para el demandante- destruye, altera, menoscaba y transforma en forma importante y significativa la geografía, el ecosistema y la biodiversidad del lugar, lo que significará daño ambiental “a raíz de la pérdida de cobertura vegetal del lugar, lo que provoca un aceleramiento en la erosión de dichos suelos, además de la pérdida de la biodiversidad de la zona.
Para Carlos Herrera Toledo, ha habido un incumplimiento de la normativa vigente y la falta de evaluación ambiental de las obras. “El presente proyecto no cuenta con ningún tipo de permiso o plan de mitigación.
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