“No se ajusta a derecho” fue el dictamen de Contraloría sobre los los cambios que el ministro de Salud, Emilio Santelices, realizó al protocolo de aplicación de la objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales.
Así lo confirmó el organismo mediante un comunicado, donde señaló que”los Establecimientos Públicos de Salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud”, un derecho consagrado en la Constitución y el Decreto Fuerza de Ley N°36.
Asimismo, en el caso de las instituciones privadas, las que no tengan convenios con el Estado si podrán ser objetores de conciencia, mientras que aquellas que si reciban financiamiento público no podrán objetar, ya que forman parte de la Red Pública de Salud.
La noticia provocó distintas reacciones entre parlamentarios y el Gobierno, mientras que la oposición “celebraba” el dictamen de Contraloría, al Gobierno no le gustó la desición.
“Como gobierno no compartimos la decisión, pero comprometidos con el estado de derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen” indicó la portavoz de Gobierno, Cecilia Pérez.
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