Contraloría detecta graves irregularidades en construcción del edificio consistorial de Coquimbo: Se enviaron antecedentes a Fiscalía y CDE

La Contraloría envió los antecedentes de un informe de auditoría al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, al encontrar graves faltas en el contrato de construcción del edificio consistorial de Coquimbo, en el que la Municipalidad interviene como unidad técnica del proyecto y el Gobierno Regional como mandante.

La auditoría analizó desde mayo de 2018 a noviembre de 2020 contemplando la fecha de la entrega provisoria de la obra. Dicho proyecto, financiado de manera conjunta entre el Gobierno Regional de Coquimbo y el municipio de esa comuna, comenzó en 2014 e inicialmente debió ser entregado en 2016.

La Contraloría estableció que durante la ejecución del proyecto hubo diversas faltas. Entre ellas, que el municipio suscribió una transacción extrajudicial con la empresa SACYR Chile S.A. por $2.975.000.000. Esto, para precaver un eventual litigio entre las partes, relacionado con un aumento en el valor de la ejecución del proyecto y perjuicios económicos informados por la empresa, derivados de situaciones que, en opinión de la constructora, le serían compensables. La Municipalidad accedió evitando comprometer la entrega del edificio, sin efectuar un análisis técnico y económico detallado de las pretensiones sostenidas por la empresa.

Del monto pactado, $1.201.685.976 corresponden a diferencias por el plazo transcurrido hasta la obtención del financiamiento de las modificaciones de obras, sin que las bases contemplaran indemnizaciones. Del acuerdo extrajudicial, el municipio sólo ha pagado un 25% del total, y no se tiene certeza sobre las partidas que fueron pagadas.

Además se determinó que la Municipalidad de Coquimbo mantiene una deuda $3.467.694.525 con el GORE por aportes comprometidos para el financiamiento conjunto de la obra, por lo que deberá hacer las gestiones para pagar lo adeudado e informar a la CGR en un plazo de 60 días hábiles.

Durante la auditoría se determinó que el municipio aprobó obras extraordinarias por $18.537.472 que debieron ser ejecutadas con cargo al contratista. Por otro lado, dio su visto bueno a aumentos de obra y obras extraordinarias por $901.312.482 que no se verifican imprevistas e ineludibles conforme exigen las bases.

Otro de los hallazgos de la investigación estableció que la entidad edilicia, en su calidad de unidad técnica, aprobó aumentos de obra y plazo, superando el límite establecido y sin los informes técnicos que los fundamenten.

Además, la CGR agregará los antecedentes de este informe al procedimiento disciplinario que instruyó en el municipio en 2021, tras el informe N°9 de ese mismo año.