El sábado 12 de febrero del presente año comenzó a regir en el país la nueva Ley de Migración y Extranjería, que había sido promulgada el 11 de abril de 2021, pero que aún no entraba en vigencia ya que que faltaba la aprobación de su normativa que reemplaza al al Decreto Ley 1094 de 1975. A menos de una semana de su publicación en el Diario Oficial, aún no se aprecian grandes cambios en la situación de los migrantes que copan con sus carpas plazas, parques y espacios públicos en ciudades como La Serena y Coquimbo, en su mayoría en calidad de ilegales que ingresaron por pasos no habilitados al país.
Como ya es habitual desde hace casi un año a la fecha, en Mi Radio recibimos casi a diario denuncias ciudadanas sobre “carpistas” que se ubican en diferentes sectores de la conurbación, pernoctando por días en la vía pública, sin servicios básicos de higiene, provocando preocupación y sensación de inseguridad entre los vecinos. Un panorama que si a principios del 2021 llamaba la atención de los transeúntes, hoy se ha hecho costumbre.
Sectores como las áreas verdes colindantes con Mall Plaza La Serena, el terminal de buses, Parque Pedro de Valdivia y la Plaza España en la Ruta 5 ya son algunos de los lugares habituales de estos verdaderos campamentos de migrantes. Una situación que da cuenta de la crisis migratoria y humanitaria que se vive en el país y que busca paliar la nueva ley que creó además el el Servicio Nacional de Migraciones.
Desde el la PDI el jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional La Serena, Subprefecto Germán Cerda, señala que durante el año 2021 fueron denunciados a la autoridad administrativa más de mil trescientos extranjeros, en su mayoría venezolanos y bolivianos, especificando que “la población venezolana se establece en La Serena-Coquimbo, es un hecho que la conurbación tiene la residencia venezolana más grande en todo el cono norte de nuestro país. Ahora las provincias, mayoritariamente, captan al trabajador boliviano”, esto debido a que se especializan en labores agrícolas especialmente, explicó.
Según datos aportados por la Policía de Investigaciones las denuncias por extranjeros ilegales en la zona el año 2020 fueron 460, aumentando en un 192% el 2021 cuando se registraron 1.344; mientras que las fiscalizaciones de personas migrantes aumentaron en un 129% el año pasado con respecto al año anterior. Con respecto a las autodenuncias en la plataforma cero filas se contabilizaron 1.480 el 2021.
En cuanto a hitos relacionados con la fiscalización de migrantes ilegales en la región, desde el Depto. de Migraciones de la PDI mencionan la operación que se llevó a cabo en noviembre del 2021 tras la detección de un minibús con 13 trabajadores extranjeros ilegales en el sector de Pan de Azúcar, tipificada como tráfico de migrantes por parte de una pareja conformada por un chileno y una boliviana. También se destaca la detención de una banda criminal venezolana por robo con intimidación a 8 mujeres migrantes, que ejercían el comercio sexual en centro de La Serena durante el mes de diciembre, mientras que entre enero y febrero de este año se han registrado una fiscalización a un bus informal con decenas de migrantes de nacionalidad boliviana, en el que viajaban 30 pasajeros que habían ingresado de manera ilegal por el paso Colchane, los que fueron denunciados a la autoridad administrativa y a otros 31 bolivianos en la comuna de Paihuano, 28 de los cuales fueron denunciados por ingreso clandestino a Chile y 3 por el vencimiento del plazo para renovar su residencia.
Sin embargo, los controles policiales en la actualidad y debido a la entrada en vigencia de la nueva ley de migraciones tiene otro enfoque que va más allá de de la detección de migrantes ilegales, así lo especifican desde la institución “como Policía de Investigaciones tenemos un plan de trabajo, que está fijado para esta temporada”, destacando que “desde el segundo semestre del año pasado comenzamos a cambiar la forma de fiscalización. Es decir, comenzamos a verificar las condiciones laborales, humanas y sociales en que se encontraba el migrante”.
Sobre lo anterior el Subprefecto Cerda explica que “más allá de las denuncias hacia la autoridad administrativa correspondiente, en el caso de que la persona estuviera incumpliendo un artículo o norma de ley de extranjería, se verifica si la persona se encuentra bien, trabajando, en un lugar digno o con buena alimentación”.
Opinión de la comunidad venezolana residente
Conversamos con Laura Guedez, quien ya tiene 6 años viviendo en el país, aunque aún no consigue su residencia definitiva a pesar de tener trabajo estable; la vocera de la agrupación de migrantes venezolanos de la Región de Coquimbo nos comentó la postura que tiene gran parte de la comunidad de migrantes más numerosa de la zona, con respecto la situación de sus compatriotas que se encuentran en situación de calle y que han ingresado de manera ilegal al país.
“Estamos de acuerdo en que tiene que haber una forma de parar o detener la migración ilegal que ha venido llegando, que han dejado mal parado el nombre de Venezuela y de los que venimos a trabajar”, manifiesta que están de acuerdo con las expulsiones y que le habían advertido hace mucho tiempo a los distintos organismos de Gobierno lo que iba a pasar, “pero lamentablemente pensaban que era mentira que se iba a venir esa cantidad de gente caminando e iban a llegar a delinquir, a drogar a los niños, a alquilarlos y utilizarlos para poder pedir dinero”.
Agrega que le parece bien “que pidan los antecedentes penales para que vean que hay mucha gente que pertenece al organizaciones criminales como el Tren de Aragua que vienen a delinquir, a robar, a secuestrar, a hacer portonazos y todo ese tipo de cosas. Pero por otro lado lo estamos pagando todos porque ya se ha empezado a sentir en la sociedad, los empleadores ya no quieren contratar a los venezolanos, hay temor a contratar a las personas de manera ilegal y esto tiende a explotar la mano de obra de las personas que vienen llegando y sí quieren venir a trabajar y aportar cosas positivas a Chile”, sostiene la vocera de la comunidad venezolana local y agrega que “es triste ver que hay unas personas que vienen a pedir y otras que sí vienen a trabajar paguen justo por pecadores y que no se les de oportunidad, hay médicos, ingenieros, arquitectos, personas profesionales se ven limitadas”
Con respecto a las personas que pernoctan a en las calles y piden dinero con niños a su alrededor, manifiesta que deberían expulsarlos “porque si tu vienes a a emigrar en algún momento vas a poder conseguir empleo y trabajo, el otro día pasé por la avenida Francisco de Aguirre y había una muchacha con dos niños pidiendo dinero y le dije yo tengo un lugar donde están solicitando personal (a mi como vocera de la comunidad de venezolanos me llegan muchos mensajes solicitándome personas para trabajar), entonces le ofrecí trabajo y me dice que no tiene con quien dejar a los niños, yo le dije tu estas con personas que te los pueden cuidar son tus amigos, empieza tú a trabajar por tus hijos y así no vivas en la calle a la intemperie o en una carpa y me dijo que no, que pidiendo ella ganaba más”.
Incluso en su opinión el Gobierno debería “sacar un decreto de que persona que vean pidiendo en la calle le quiten a los niños” (…) “No estamos de acuerdo con la violencia, ni con las personas que vienen a delinquir, ni mucho menos a pedir. Estamos haciendo una campaña por redes sociales Ni un peso más a los pedigüeños, amigo chileno no le de monedas, no permitas que crezca la mendicidad del venezolano”.
Alcances de la Nueva Ley de Migraciones
La nueva normativa establece los deberes y obligaciones de los migrantes que arriben a Chile, su principal objetivo es fomentar una migración segura y responsable, cuyo reglamento que tiene por finalidad regular el ingreso, estadía, residencia y expulsiones de inmigrantes que lleguen al país, los que deben contar con las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia necesarios para su estadía, además su ingreso y salida del territorio nacional deberá efectuarse siempre por pasos habilitados.
Desde la entrada en vigencia de la ley hace sólo unos días, ya 60 personas han sido reconducidas a Bolivia, luego que el Gobierno también decretara el Estado de Excepción en varias localidades fronterizas del norte. La “reconducción” se refiere al artículo 153 de ley que ordena “será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera, el extranjero que sea sorprendido por la autoridad ingresando al territorio nacional eludiendo el control migratorio, ya sea por pasos habilitados o no. Y quienes intenten ingresar al territorio nacional valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona”.
Sin duda esta crisis migratoria ya ha tenido importantes consecuencias en el país, como lo ocurrido con la paralización de camioneros que bloquearon la principal carretera de Chile luego de asesinato de un conductor presumiblemente a manos de migrantes ilegales, lo que obligó al Gobierno a decretar Estado de Excepción en las Provincias del Tamarugal, El Loa, Arica y Parinacota, en la frontera de Chile con Bolivia y Perú.
Por ahora el panorama de campamentos de carpas en la vía publica de las ciudades del norte de Chile no se ve próximo a desaparecer, la entrada en vigencia de la nueva ley que promete controlar de alguna manera la crisis migratoria que afecta a nuestro país, deberá hacerse cumplir por el nuevo Gobierno que asumirá en marzo, dando solución a una problemática que afecta la seguridad pública y también a la situación humanitaria de los propios migrantes.
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