Consejo Defensa del Estado se querella contra alcalde de Salamanca por “malversación de caudales públicos”

El Juzgado de Garantía de Illapel declaró admisible la querella criminal interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), contra el alcalde de Salamanca, Gerardo Rojas Escudero y todos aquellos que resulten responsables, por el delito de malversación de caudales públicos.

La querella, deducida por el Abogado Procurador Fiscal La Serena, Carlos Vega Araya (CDE), se basa en los antecedentes dispuestos en el Informe Final N° 955, de 2017, de la Contraloría General de la República. En la querella, se describen dos hechos: Uso de tarjeta de crédito institucional, con cargo a fondos municipales; y saldo faltante de a lo menos $1.440.123.796.

Cabe recordar que la causa judicial se inició en abril de 2018 cuando la abogada Vinka Pusich Camacho, en representación de la Municipalidad, se querelló contra Gerardo Rojas por los delitos de malversación de caudales públicos y aplicación pública diferente de los fondos públicos. Además el 25 de mayo de 2022, el abogado Rodrigo Avendaño, en representación del concejal Omar Álamos Calderón, presentó una nueva querella, disponiendo diversos antecedentes para la investigación.

Uso de la tarjeta de crédito institucional

Entre el 28 de diciembre de 2015 y el 26 de octubre de 2016, el querellado, en su calidad de Alcalde de la comuna de Salamanca, “realizó gastos con cargo a la tarjeta de crédito institucional que figuraba a su nombre”. Los gastos eran pagados mensualmente con cargo automático a la cuenta corriente de fondos municipales. En total, los gastos efectuados ascienden a $5.453.785. De acuerdo al informe de la Contraloría, los gastos no se justificaron mediante documentación de respaldo.

“Respecto del hecho descrito en el numeral primero […] estimamos que le ha cabido responsabilidad al querellado Sr. Rojas Escudero en calidad de autor, toda vez que, en su calidad de funcionario público, es posible presumir fundadamente que sustrajo los recursos mencionados al utilizar la tarjeta de crédito municipal entre el mes de diciembre de 2015 y octubre de 2016, que le fue entregada para fines exclusivos del municipio y en su calidad de Alcalde de la comuna de Salamanca”.

En relación a este hecho, el 4 de noviembre de 2020, Gerardo Rojas efectuó un depósito en efectivo a las arcas municipales, “pretendiendo con ello, al parecer, eximirse de responsabilidad en el juicio de cuentas seguido en su contra”, sostiene Vega y agrega que “dicha circunstancia no afecta la imputación que se ha efectuado, pues el querellado no ha justificado los gastos incurridos”, se señala en el documento.

Saldo faltante

La Municipalidad de Salamanca suscribió un convenio “Salamanca Viva, Viva Salamanca”. En un informe de Contraloría se estableció que el saldo disponible del convenio debía ascender a $1.885.583.213, mientras que la información de la cuenta de Fondos Ordinarios Municipales consignaba un saldo de $445.459.717, generándose una diferencia de, a lo menos, $1.440.123.796, que no se encontraban en dicha cuenta corriente.

“Respecto del hecho descrito en el numeral segundo […] estimamos que también configura el delito de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en el inciso tercero del art. 233 del Código Penal, en relación con el artículo 238 del mismo cuerpo normativo. En efecto, resulta evidente que este hecho ha transgredido el objeto protegido a través del citado tipo penal, a saber, el mantenimiento de los recursos públicos patrimoniales y su correcta gestión, presumiéndose fundadamente que han sido sustraídos de manera definitiva por él o los funcionarios municipales a cargo de los mismos”.

De esta forma, el Consejo de Defensa del Estado solicitó diversas diligencias investigativas al Ministerio Público. Se solicitó que la Policía de Investigaciones cite a declarar en calidad de testigo a la Fiscal Instructora del Sumario Administrativo y a los funcionarios encargados de cumplir las instrucciones impartidas en virtud del Informe Final de la Contraloría General de la República. Además solicitó investigar toda la documentación relacionada con dicho informe.